Maidana: “No hubo delito consumado, solo fue un error de carga”

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El funcionario de Cambiemos, involucrado en el caso de los sueldos paralelos, dijo que “la operación comercial nunca se concretó”. Además sostuvo: “Tengo número de proveedor, pero no estoy activo”.

Santiago Maidana, a cargo del Area de la Juventud de Cambiemos y responsable del Programa Argentina Trabaja, admitió tener registro de proveedor del municipio, aunque sostuvo que “es en calidad de suspendido. No puedo serlo, porque eso reconozco la incompatibilidad”.

El funcionario Pro de Cambiemos afirmó que la situación denunciada por los concejales de la oposición existe, aunque aclaró que “si bien la orden de compra fue elaborada el 16 de enero (con el número 208), tres días más tarde yo escribí una nota pidiendo que la misma sea dejada sin efecto porque no correspondía. Expuse que era improcedente”.

No obstante, al ser consultado por la anulación tardía (recién se concretó el 4 de abril pasado), respondió que “se trató de un error de carga”.

“Me inscribieron como monotributista siendo funcionario municipal, pero insisto que soy un proveedor suspendido”, reconoció.

El número de proveedor es el 2479. “No puedo facturarle al municipio, porque si lo hiciera estaría incurriendo en una incompatibilidad. Lo que no se concretó fue el acto comercial”, dijo.

Lo que no queda claro es qué sucedió entre el 17 de enero y el 4 de abril, para que llevara tanto tiempo realizar la anulación. Maidana dice que “no sabe qué fue lo que pasó, quizá fue un error no darle seguimiento al tema”.

“Acá lo que sucedió fue un error técnico administrativo, de hecho esto lo leyeron también los secretarios de Hacienda (Daniel Giunta) y Abigail Gómez (Gobierno)”, expresó.

“No sé si me hicieron la cama –respondiendo a la consulta periodística-, solo sé que la nota que está en el expediente deja sin efecto cualquier denuncia de la oposición. Igualmente entiendo que están haciendo su trabajo, pero la realidad es que se trata de una falencia, un error”, subrayó.

También le pidió a los concejales que “pidan lo que necesitan por nota, porque las respuestas las merecen todos, pero en un marco de la presentación de documentación respaldatoria”.

“No hay talonario. No hay factura alguna. No hay nada. Solo un error de carga en una cuestión técnica administrativa. Ni siquiera hay un delito consumado”, concluyó.

Quique Gomez Lepez