La posibilidad de que el presidente electo Alberto Fernández disponga un aumento de emergencia en salarios públicos y privados, jubilaciones, AUH y planes sociales generó opiniones encontradas entre empresarios y sindicalistas, que se miden antes de sentarse a negociar -junto con otros actores- en el Consejo Económico y Social que prepara el gobierno entrante.
La información comenzó a circular la semana pasada del lado de los sindicatos que componen la CGT. A ellos, el posible ministro de Trabajo, Claudio Moroni, les habría adelantado la intención de implementar un aumento masivo de ingresos para recomponer el poder adquisitivo. El plan consiste en otorgar sumas fijas al sector asalariado y también a jubilados y beneficiarios de AUH y planes sociales, como aumento de emergencia.
Desde hace unos meses, cuando el resultado de las PASO puso a Alberto Fernández al pie de la Presidencia, su equipo comenzó a trabajar en el acuerdo social, ahora bautizado Consejo Económico y Social. Y a pensar en aumentos de suma fija para contener los reclamos de recomposición salarial más profundos, en un escenario de pacto de precios y salarios para bajar la inflación a un ritmo de 2% mensual.
“Todos piensan que el debate (sobre el Consejo Económico Social) es sobre durante cuánto tiempo congelamos precios y salarios. No es ese el debate, es sobre qué podemos hacer para producir”, dijo Fernández ante los industriales, en Parque Norte. Y agregó: “Todos tienen que comprometerse, y algunos tendrán que resignar algo”.
Este jueves, en la 25 Conferencia Industiral, se le preguntó a un futuro integrante del gabinete de Fernández si ese aumento generalizado de ingresos era un hecho, pero no lo dio por cerrado. La CGT, de todos modos, se encargó de viralizarlo.
“La única forma de reactivar la economía es mejorando los ingresos, y no hablo solo de salarios, sino de todo tipo de ingresos”, dijo Héctor Daer, secretario general de la CGT. “Las empresas deberían corregir (el costo) por volumen para que no vaya a los precios”, agregó.
Los industriales son más cautos. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de fabricantes de alimentos (Copal), recordó que algo similar ocurrió en 2002, en la peor crisis económica de la historia argentina. “En ese contexto, fue adecuado, para que la gente comiera. Vamos a ver cuál es la definición ahora”, dijo el dirigente industrial.
Los empresarios no tienen confirmado que el Gobierno entrante avance con esta medida, pero no lo descartan. Miguel Acevedo, presidente de la UIA, pidió evaluarlo dentro de un plan macroeconómico que, todavía, se desconoce. “Lo tenemos que hablar dentro de la situación macroeconómica, dentro de las variables. Si no vemos el programa completo, es muy arriesgado saber qué va a pasar. No nos anticiparon nada”, dijo.
Fuente: TN