Como una moda, los pedidos de declaración de emergencias se multiplican con la llegada del nuevo Gobierno. En carpeta están la económica, la alimentaria y la sanitaria. Ahora se suma otra: la automotriz. Eso es lo que reclamó la asociación que agrupa a las concesionarias de autos (ACARA) en una carta enviada hoy al presidente, Alberto Fernández, ante el derrumbe de ventas de los últimos 20 meses.
Si bien es cierto que la situación es delicada para esta actividad, llama la atención que desde el sector privado se pida a las autoridades un tratamiento especial o “salvataje”, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo debe tener una larga lista de prioridades de mayor atención que las ventas de autos, bienes precisamente que no son de primera necesidad. En la nota firmada por el titular de la entidad, Ricardo Salomé, se define como “dramática” la situación que atraviesan las concesionarias de vehículos.
“Señor Presidente, sabemos y escuchamos atentamente sus intenciones de fortalecer el consumo de los argentinos y de darle peso al mercado interno. Por ello, le expresamos nuestra necesidad de establecer condiciones para que nuestro sector, el motor de toda la cadena automotriz, sea sustentable, implementando medidas que lo fomenten y evitando que los concesionarios se vean obligados a decidir sobre el despido de empleados, protegiendo ese valor tan importante que constituye la dignidad de un trabajo estable y el incentivo de una labor calificada”, señala la parte más importante de la carta. Con una baja de las ventas de casi 50% respecto al año pasado, la industria automotriz en general está cayendo a niveles de actividad de hace 15 años.
Fue por este motivo que el gobierno anterior lanzó un plan de subsidios para el sector que se conoció inicialmente como “Juni0km” que se extendió a julio y a agosto. A cambio, las fábricas y concesionarias se comprometieron a realizar descuentos de hasta $90.000 por vehículo.
Para eso, el Estado destinó una ayuda de más de $2.000 millones. Ya en su momento, la medida había despertado la polémica ya que en un sector público con numerosas necesidades de subsidiaba la venta de bienes que no son esenciales como los autos. A esto se suma que parte de ese dinero no se pagó a las empresas por lo que el sector automotor le reclamó, sin éxito, hasta el último día a las autoridades anteriores que saldaran la deuda.
Pese a ese fallido plan, las concesionarias vuelven a intentar una nueva ayuda estatal para solucionar sus problemas. Hay que recordar que, en épocas de bonanza, los consumidores debían pagar sobreprecios para adquirir un vehículo por exigencias de algunas concesionarias ante la fuerte demanda.
Fuente: Ámbito