Alberto Fernández evalúa que el proyecto que impulse su gestión para legalizar el aborto tenga la forma de una política de salud pública más integral de protección a la mujer embarazada.
Una iniciativa más amplia que contemple no solo la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, sino también una ayuda del Estado a las embarazadas en situación de vulnerabilidad.
El Presidente, reconocen en su entorno, tiene la intención de transitar por ese camino preservando el diálogo con la Iglesia. En su agenda -antes de impulsar cualquier iniciativa nueva- está primero su cita con el papa Francisco, pautada para el 31 de este mes, una audiencia en la que los dos jefes de Estado conversarán a solas en la biblioteca del Vaticano.
«De lo que estamos hablando es de que haya una red asistencial real que contenga a la mujer en su decisión. Si decide abortar, debe hacerlo de manera segura. Pero también el Estado debe asistirla y darle herramientas para que pueda continuar con su embarazo. Lo que tenemos que pensar es cómo el Estado ampara a la mujer en su decisión», dijo un estrecho colaborador del Presidente.
Fernández le transmitió su idea esta semana a un hombre de su confianza con quien conversó también sobre su viaje al Vaticano. «Voy a hacer un proyecto de acompañamiento a la mujer embarazada», le resumió.
«La idea de Alberto es que la mujer tenga herramientas y que estén los dos caminos atendidos por el Estado», acotó un funcionario que camina el ala presidencial. Agregó que un «proyecto integral» también podría contemplar cambios en la ley de adopción.
Todavía no hay nada escrito en papel ni es un tema urgente en el temario para enviar al Congreso. Pero el Presidente ya advirtió que no quiere colgarle un pañuelo a la iniciativa que pueda promoverse desde el Poder Ejecutivo. Fernández, de hecho, ya había advertido que pretende terminar «con la lógica del verde y el celeste, que no funcionó». «Tenemos que garantizar a todos todo», dijo.
En el equipo de Fernández conviven funcionarios que tienen una abierta militancia a favor de la legalización del aborto -como la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta- con otros que tienen una íntima relación con la cúpula eclesiástica, como Gustavo Beliz, o una amistad con el Papa, como el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos.
«El Estado no está para meterse en la cuestión moral, sino para brindar una política pública. Después cada uno puede tener la militancia que quiera», dijo un alto funcionario.
El proyecto, dicen en el Gobierno, se encarará como una política sanitaria con el sello del Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García , que ya actualizó el protocolo para los casos de aborto no punible. En esa cartera, sin embargo, no quisieron hablar sobre los lineamientos de una nueva iniciativa oficial.
Para pavimentar un camino que «salga del debate binario», como pretende Fernández, el Presidente viene dialogando con el consejo de intelectuales que integró con la referente feminista Dora Barrancos, el filósofo Ricardo Forster, el antropólogo Alejandro Grimson y la politóloga Cecilia Nicolini.
Fuente: La Nación