Cuando faltan dos semanas para el inicio de clases, en la provincia de Buenos Aires no hay aún una definición de los salarios para los más de 360.000 maestros de este territorio. La paritaria que comenzó la semana que pasó no incluyó precisión alguna sobre los modelos para actualizar los ingresos por inflación, tal como exigen los sindicatos.
La discusión entre la gobernación y los gremios gira en torno a dos opciones: aplicar la cláusula gatillo, que los gremios consideran una reivindicación lograda en la lucha del año último, o adoptar un modelo distinto, que el gobierno analiza, pero aún no definió.
Mientras se mantiene esa incertidumbre, el gobierno de Axel Kicillof informó que pagará el 12 de marzo una deuda a los docentes correspondiente al ajuste por inflación de 2019 más un proporcional del sueldo anual complementario.
Según publica el diario La Nación, el anuncio generó una fisura entre los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente.
Los más duros calificaron de «inaceptable» el anuncio y rechazaron esperar 40 días para cobrar lo adeudado.
El rechazo surgió de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el segundo gremio con más cantidad de afiliados en este territorio. Los otros cuatro gremios que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB) también exigieron el adelanto al gobierno durante la primera reunión de comisión técnica salarial, pero no expresaron su enojo en público.
«Pedimos que se anticipe el pago de la deuda con los docentes», dijo la federación liderada por Mirta Petrocini. De este modo, la FEB se puso al frente de la posición más dura con el gobierno de Kicillof, mientras que durante el gobierno de María Eugenia Vidal la postura más beligerante la había mantenido el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que encabeza Roberto Baradel.
El gobierno de Kicillof sostiene que no tiene recursos para anticipar el remanente correspondiente a ajuste por inflación del sueldo de diciembre y del aguinaldo tanto para trabajadores activos como para jubilados. Se trata de una suma de entre 4000 y 8000 pesos, según la antigüedad y el cargo.
El Frente de Unidad Docente por ahora no evalúa medidas de fuerza para el caso de no cobrar el aumento antes del inicio de clases. Pero exigió en la reunión de la comisión salarial que se anticipe este pago. Pidió, además, una actualización sin pérdida de poder adquisitivo para 2020.
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), María Inés Busso dijo al medio porteño: «Esperamos que el gobierno cambie la fecha. Que lo adelante. No estamos entregados a que pague el 12 de marzo. Pero aún no analizamos medidas de fuerza para el caso de que no se cobre antes del inicio de clases».
Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Jorge Dobal aseguró: «No se analiza un paro. Pero esperamos que anticipen el pago. Ellos por el momento sostienen que no tienen caja. Pero varía día a día».
En el Suteba también criticaron la decisión del gobierno de postergar los pagos adeudados. «La FEB tiene otra manera de calificar los sucesos. Más dura», se sinceró uno de los gremialistas consultados.
Si la gobernación no deposita antes del 2 de marzo el aumento adeudado, habrá malestar en las aulas del distrito escolar más grande del país. Pero aún nadie habla de un paro. Faltan dos semanas. Aunque se muestra menos combativo que frente al gobierno de María Eugenia Vidal, el Frente de Unidad Docente empieza a mostrar las primeras grietas en su interior.
Fuente: La Nación