En la sesión ordinaria del jueves pasado se aprobó por mayoría el decreto presentado por el bloque de Juntos por el Cambio que rechaza el proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente de la Nación Alberto Fernández. Cabe destacar que los concejales de Bien Común y el Frente de Todos no acompañaron la iniciativa.
Al respecto, la concejal de Juntos por el Cambio Natalia García Luna manifestó que, “resulta como mínimo llamativo que en este contexto de emergencia sanitaria, de pandemia y de una crisis inusitada en el plano económico, laboral, previsional y social, el Presidente de la Nación tenga como prioridad impulsar una reforma judicial. Así como está planteada solo se asignarán más recursos para no cambiar nada ya que, de salir aprobada costaría a los argentinos cerca de 4.000 millones de pesos”.
“La reforma judicial que se está proponiendo no mejora el servicio de justicia por lo que no tendrá un impacto positivo ni directo sobre la vida cotidiana de las personas y además, no es oportuna la discusión sobre agrandar las estructuras de la justicia, en este momento. Es contradictoria la creación de una enorme cantidad de cargos de jueces cuando el sistema acusatorio requiere de más fiscales”, afirmó la edil oficialista.
En mismo sentido, la concejal García Luna agregó que, “de aprobarse la ley se habilitaría al oficialismo a designar casi “a dedo” a todos los nuevos magistrados, ya que el mecanismo alternativo que se propone para la designación de jueces interinos establece que las listas de candidatos las confeccione la Cámara de Casación Nacional, después serán aprobadas por el Consejo de la Magistratura y, por último, pasarán los pliegos al Senado. Tres organismos con amplia mayoría del oficialismo”.
“La sociedad está agotada de este tipo de atropellos, cualquier reforma de un poder del estado y más aún del judicial con todo lo que ello implica, debería ser el resultado de un acuerdo programático con las distintas fuerzas políticas, para otorgarle la legitimidad que requieren reformas de esta naturaleza. En definitiva, se trata de una reforma extemporánea, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad, y así lo hicieron saber los miles de argentinos que salieron a manifestarse en el día de ayer”, finalizó García Luna.