En un fallo de 33 páginas, la Dra. Marrón afirmó: «Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía, pero se necesitan pruebas»
Tal cual lo adelantamos esta mañana en Radio Altos, la jueza Federal María Gabriela Marrón rechazó una serie de medidas de prueba en el marco de la causa por la muerte del joven Facundo Astudillo Castro y además ordenó investigar al perito de la querella, Marcos Herrero.
Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolín el pasado 1 de octubre e incluían el secuestro de 46 celulares y un nuevo allanamiento a la seccional de Teniente Origone, entre otras diligencias.
Si bien rechazó esos pedidos, Marrón aceptó la entrega de una libreta del policía Alberto González, quien paró en la ruta a Facundo, a la altura de Origone, y la copia digital de la información de las cámaras lectoras de patente en el kilómetro 714, de la ruta 3.
En el fallo de 33 páginas, al que tuvo acceso frenteacano.com.ar, la magistrada federal señala que «los elementos probatorios que se pretenden recabar a través de las medidas solicitadas están disociados entre sí, y no se vislumbran pertinentes ni útiles para el avance de la investigación en un sentido eficaz teniendo en cuenta, fundamentalmente, el informe pericial de los restos óseos, como así también otras pruebas de calidad relevantes».
«Las pretensiones de la fiscalía deben someterse a un juicio imparcial, lógico, razonable, asentado en la evidencia. Más allá de lo que las partes, en sus aspiraciones individuales, crean o digan que ocurrió, los hechos se fijan y se establecen a partir de la prueba como regla básica», dice en un párrafo más adelante.
Sobre los mensajes borrados en los celulares de los uniformados Sosa, Curuhinca, Flores y González, la jueza entiende que «es algo común, que hace mucha gente». «Este hecho en sí mismo no genera un estado sospecha que pueda ser valorado negativamente en el contexto del debido proceso. El borrar un mensaje no convierte a alguien en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia».
Agregó la jueza que las medidas no se pueden hacer “por las dudas” “para ver qué encontramos”.
En cuanto al cabello de Facundo hallado en el patrullero de González, Marrón expresó: “Se probó que Facundo estuvo con González. Es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero. También puede haber colocado la mochila, con rastros, dentro del rodado”.
En relación con el hallazgo de un amuleto que sería de Facundo en el destacamento de Origone por parte de uno de los perros del perito Marcos Herrero, Marrón aseguró que la fiscalía ni la querella presentaron pruebas de la “preexistencia” de la sandía de madera.
«Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que – a esta altura de la investigación – pone en duda su legalidad y por ende su validez», dice.
En tal sentido, la jueza plantea que el destacamento de Origone había sido allanado con anterioridad al secuestro del amuleto. «La ciencia y la técnica – a través de profusa bibliografía – dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo (ver informes de fs. 2745/2755, 3023/3038 y 3329/3331). Ahora que por intermedio de la autopsia se conoce, aproximadamente, la data de la muerte de Facundo, surge de la combinación de ambos datos -la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver- que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima. Por lo expuesto, resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada».
Respecto al hallazgo de la turmalina, también por parte de Herrero y uno de sus canes, la magistrada afirma: «le caben las mismas observaciones». «Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo».
Finalmente, Marrón hace referencia a la hipótesis de la desaparición forzada por parte de la policía bonaerense.
“No escapa al tribunal los abusos policiales cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son muy graves y que deben ser investigados. Las personas involucradas en el pedido fiscal pertenecen a esa fuerza de seguridad, lo que no admite hacer caer sobre ellos todo el desprestigio de la fuerza a la que pertenecen, sólo deben dar cuenta de sus acciones frente a una imputación penal valida, no debemos abrir las puertas a la persecución y la venganza. No pueden ser chivos expiatorios”.
“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables”, sentenció Marrón.
Fuente: Frente a Cano