En la última sesión extraordinaria, se aprobó por mayoría -con los votos del bloque de Juntos por el Cambio- un proyecto de resolución que solicita al gobernador Axel Kicillof; al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; y a la Autoridad del Agua Bonaerense auditar a ABSA para que se estudie la legitimidad de las facturas frente a posibles cobros abusivos. Asimismo, también se requiere suspender la tarifa vigente de agua potable a aquellos usuarios de zonas afectadas a las que se les interrumpió el suministro.
En relación a esta iniciativa que tuvo un arduo debate en sesión, la concejal oficialista, Natalia García Luna, manifestó que: “La constante deficiencia de la provisión del agua no se reflejó en la facturación que reciben los vecinos ante una prestación que no se da. En la provincia de Buenos Aires, el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales establece que se debe garantizar la continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad, asegurando una prestación eficaz a los usuarios”.
Cabe mencionar que dicha resolución también se dirige al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Agustín Pablo Simone, a fin de pedirle que interceda ante la autoridad del agua y se arbitren los medios necesarios para la suspensión de la tarifa vigente a los usuarios afectados.
Para finalizar, García Luna agregó que: “Este cuerpo legislativo y el gobierno municipal sostienen que el suministro de agua es vital y esencial para todos los rosaleños, es por ello que destacamos la labor que está llevando adelante el municipio para acercar cisternas a aquellas zonas afectadas. En tal sentido, solicitamos a ABSA -en múltiples oportunidades- informes y gestiones que resuelvan esta problemática ya que año tras año se registran mayores casos de faltantes de agua en diferentes sectores de la ciudad y, frente a esto, la empresa se limita a dar consejos para el uso racional”.