Provincia de Buenos Aires: autorizan aumentos en las cuotas de los colegios privados

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 6,70% promedio en los aranceles para mayo, el doble que el porcentaje pautado en el programa precios justos impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación.

La pauta original del alza pautada era del 3,35 por ciento, de acuerdo al convenio firmado en febrero último. Sin embargo, el Gobierno de Axel Kicillof autorizó esta suba, que supone duplicar el aumento acordado, luego de un pedido que hizo la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) a las autoridades provinciales, en virtud que el acuerdo establecía la posibilidad de revisión de Precios Justos si se disparaban los índices inflacionarios.

Kicillof autorizó la suba salarial que está destinada a abordar la suba de los salarios acordada en paritarias con los gremios, prevista para mayo. Sin embargo, no autorizó un alza de manera retroactiva para marzo y abril.

Retroactivo no autorizado
En la nota de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires se solicitó un aumento del importe del 6,70 por ciento pero también se pidió ese retroactivo de marzo y abril, que finalmente no fue autorizado.

“Seguiremos insistiendo en la recomposición de los aranceles para nuestros colegios”, dijeron los representantes de los colegios privados.

El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, dijo: “El incremento autorizado por el Gobierno de la Provincia es lo mínimo que necesitamos para prestar un servicio adecuado de enseñanza en los colegios, y muestra que estábamos en lo correcto cuando no firmamos el acuerdo en febrero de este año. El valor del servicio educativo en todos los niveles y formatos que ofrecemos sigue retrasado en función del aumento que se ha registrado en todos los precios de la economía que impactan en la prestación del servicio, pero aún así, desde la enseñanza privada tratamos de sostener un servicio educativo de calidad y gestionando ante las autoridades para equilibrar esas diferencias”.

Fuente: La Nación