En la Argentina, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que fue promulgada el 14 de enero de 2021, periodo en el que disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes.
Este domingo se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la Ley que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020.
El dato sobre cantidad de intervenciones desde que hay normativa en el país, lo brinda el equipo del proyecto Mirar que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos del Ministerio de Salud.
En tanto, el último informe con datos oficiales lo difundió al final de su gestión la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE, un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país.
“En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual”, dice la médica Mariana Romero del equipo de Mirar y asesora externa del Grupo.
Y resalta que “para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños, niñes y adolescentes, con docentes y con equipos de salud”.
“No siempre sucede que una ley salve vidas, dignifique a las personas y otorgue seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que logra la Ley de interrupción del embarazo. Al implementarse, no se queda solo en palabras, sino que se convierte en una realidad en el país, generando eficiencia, garantizando igualdad y respetando la libertad”, comenta Agustina Ramón Michel, abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de derecho de la Universidad de Palermo.
Otro dato del relevamiento oficial difundido por la gestión saliente es que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país, cuando en 2020 eran 907, en un proceso que incluyó una serie de acciones y capacitaciones que se realizaron en estos tres años para profesionales sanitarios, política pública establecida en el artículo 19 de la Ley 27.610.
Una de las políticas públicas que se dieron en paralelo a garantizar la IVE/ILE es el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que comenzó su implementación en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense. En septiembre del año pasado se amplió a las 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA.
Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.
Fuente: Télam