Según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), el superávit anunciado por el presidente Milei, no fue producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 28,6%.
Éste es explicado por la caída de casi todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos. El mayor porcentaje (37%) fue aportado por los jubilados a quienes se les sustrajo ese porcentaje a través de la inflación. El Informe fiscal incluye un análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional; datos a marzo de 2024.
El superávit fiscal del Sector Público Nacional en marzo de 2024 fue de $0,6 billones. Tras el pago de intereses por $0,3 billones, el superávit financiero fue de $0,3 billones. Este resultado es producto, al igual que en enero y febrero, de un fuerte recorte en los gastos.
Los ingresos en marzo totalizaron $6,1 billones, con una caída de 8,6% interanual ajustado por inflación. Aunque hubo incrementos en la recaudación de algunos impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +74% e impuesto PAIS +326%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad económica y los salarios (IVA -15%, aportes y contribuciones a la seguridad social -20%, y ganancias -38%).
El superávit, entonces, no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 28,6%. Éste es explicado por la caída de casi todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos.
En tal sentido, se destaca el derrumbe de las jubilaciones (-31%), de las prestaciones de PAMI (-14%) y los gastos de funcionamiento del Estado, principalmente salarios (-21%).
De cada $100 de ajuste en marzo, $37 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron un 26% del ajuste total) y los subsidios económicos (5%), principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.
Dudas sobre la sostenibilidad del ajuste
Algunas cuestiones ponen en duda la sostenibilidad del ajuste llevado a cabo por el gobierno. Por un lado, las transferencias a CAMMESA no pueden posponerse ilimitadamente ya que pone en crisis la cadena de pagos del sector; y, por otro lado, el crecimiento del impuesto PAIS, que en marzo representó el 9% de la recaudación informada por la Secretaría de Hacienda, condiciona la salida del cepo en el futuro cercano.
Las transferencias a provincias (-76%) y las transferencias a Universidades Nacionales (-18%) profundizaron su caída en el mes de marzo. En el primer caso, es preciso destacar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y en el segundo, se pone en riesgo la continuidad del dictado de clases en el próximo semestre.
Gastos de capital
Los gastos de capital registraron una disminución real de 87% en marzo, con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde marzo de 2017.
Con un superávit fiscal acumulado de $3,8 billones en el primer trimestre del 2024, la meta fiscal modificada por el FMI, que requería un superávit de $0,9 billones para el primer trimestre del año, fue sobre-cumplida. Con dicho ahorro fiscal, en el mes de marzo podría haberse duplicado el gasto en jubilaciones y triplicado las erogaciones en AUH.
Fuente: InfoGEI