Desde ATE Punta Alta informaron que este jueves 9 adherirán al Paro Nacional «No a las privatizaciones; NO a la Ley de Bases», para los trabajadores del ámbito Nacional, Provincial y Municipal.
Mediante un comunicado del Consejo Directivo Nacional de ATE aclararon la demanda del paro:
«En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), asociación sindical de primer grado, con Personería Gremial Nº2 y
domicilio legal en Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, nos dirigimos a usted a los efectos de informar que nuestra entidad sindical ha resuelto llevar adelante un Paro General en toda la Administración Pública Nacional, en las Provincias y Municipalidades de todo el país el día jueves 9 de mayo del corriente año.
Las nefastas políticas de ajuste del Gobierno continúan atacando a nuestro pueblo: se pulverizan salarios y jubilaciones, mientras la inflación crece de manera constante; se desmantelan áreas completas del Estado, cerrando organismos y programas esenciales para la promoción y protección de derechos, despidiendo a trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de justificación, incluyendo a personas con discapacidad y a personas que ingresaron por el cupo laboral travesti-trans; se aumenta exponencialmente la pobreza y la indigencia; se embiste contra la salud, la educación, la ciencia, la cultura y el bienestar humano; se destruye la producción y a la pequeña y mediana empresa, eliminando subsidios y políticas de protección; se entrega nuestra soberanía nacional regalando los recursos naturales y áreas estratégicas del Estado.
Por ello, en todo el país el 9 de mayo las y los estatales paramos en demanda de:
– Reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos.
– Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores.
– Aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación.
– Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
– Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
– Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados.
– Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.
– Cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales.
– Anulación del DNU 70/23.
– Rechazo a la Ley Bases.»