Desde diciembre de 2023, la política previsional implementada ha tenido diversas medidas con un enfoque regresivo. Esto ha resultado en una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones debido a la alta inflación, consolidada mediante el DNU 274/2024, y en la devaluación de los bonos para jubilados con haberes mínimos.
El gobierno ha mantenido el superávit fiscal a expensas de las jubilaciones: entre enero y septiembre de 2024, el 25,3% de la reducción del gasto público provino de la disminución del poder de compra de las jubilaciones y pensiones.
A través del DNU 274/24, Milei modificó la fórmula de ajuste de haberes, vinculándolos a la inflación y derogando la Ley 27.609, vigente desde 2021. Aunque esta nueva fórmula, basada en el IPC, permitió cierta recuperación en el primer trimestre, en la actualidad se observa que la fórmula anterior habría sido más favorable para los jubilados, eliminándose intencionalmente antes de que generara mejoras significativas.
Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en septiembre y diciembre, los incrementos aplicados habrían sido mayores con la fórmula previa. Para diciembre de 2024, con la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se situará en $259.599; de haberse mantenido la fórmula anterior, esta cifra ascendería a $314.303, un 21,1% más.
Además, desde marzo, el bono compensatorio de $70.000, destinado al 70% de los jubilados, se congeló, perdiendo progresivamente su poder de compra. Mientras los haberes aumentaron un 93,1% entre marzo y diciembre, la jubilación mínima (incluyendo bono) sólo subió un 61,2%. Para mantener su valor real, el bono debería haber alcanzado los $135.140 en diciembre, es decir, $65.140 adicionales.
Carrera contra la inflación perdida
Contrario a las afirmaciones de Milei, los jubilados no lograron ganarle a la inflación: en el trimestre de septiembre a noviembre de 2024, el poder adquisitivo de las jubilaciones sin bono se ubicó 4% por debajo del mismo período del año anterior, y las que incluyen el bono cayeron un 13,1%.
La vinculación al IPC impide una pérdida de poder adquisitivo, pero tampoco permite una recuperación. La Ley 27.756, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, contemplaba una recomposición única de 7,2% para todas las jubilaciones, un haber mínimo del 109% de la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto y una cláusula de ajuste anual en marzo si los salarios aumentaban en términos reales.
Nueva puesta en escena
El proyecto de Presupuesto 2025 ratifica la fórmula atada al IPC y planea mantener el bono para las jubilaciones mínimas en $70.000 durante todo el año, lo que implicará que los jubilados dejen de recibir $102.793 adicionales en diciembre de 2025, siempre y cuando se cumplan las previsiones del gobierno.
En caso de que surjan riesgos para el equilibrio financiero, el bono podría reducirse según la regla fiscal propuesta por el Ejecutivo.
Ajuste sobre el ajuste
Por otro lado, se espera que la fórmula de movilidad deje de aplicarse a las asignaciones familiares. En cuanto a la moratoria previsional, el gobierno ha confirmado que no será extendida, por lo que vencerá en marzo de 2025.
Esto significa que nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres en edad de jubilarse sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima y sin posibilidad de herencia.
Fuente: InfoGEI
