El proyecto de ley que busca poner freno al avance de las apuestas online sigue empantanado en el Senado, pese a haber sido aprobado por Diputados en noviembre.Aunque la norma apunta a proteger la salud pública, especialmente de los adolescentes, la presión empresarial y los tironeos entre comisiones legislativas trabaron su avance.
La propuesta, de fuerte contenido restrictivo, plantea una regulación nacional que toca fibras sensibles, como la publicidad masiva, el patrocinio en camisetas deportivas y la exposición en redes sociales.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, senadores de distintos espacios tenían previsto enviarle una nota al secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, en la que solicitarían la reducción a dos comisiones y realizar una reunión plenaria.
Entre los principales puntos del proyecto remitido al Senado, se destacan las severas restricciones incluidas en el artículo 8 del dictamen de mayoría, que limita fuertemente la actividad de las empresas de apuestas virtuales en todo el país. Dicha cláusula prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea, alcanzando plataformas digitales, redes sociales, medios audiovisuales, publicidad exterior, indumentaria deportiva, cartelería en espacios públicos y privados de uso público.
A esta amplia lista se suman restricciones en medios gráficos, radiales, televisivos y cualquier otra forma de comunicación, presente o futura, que pueda utilizarse con fines promocionales, en función de los avances tecnológicos. No obstante, el mismo artículo —aprobado en Diputados por 134 votos a favor, 32 en contra y 34 abstenciones de legisladores de la UCR y el PRO— permite la publicidad únicamente dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería habilitadas.
Además de limitar la difusión, el texto prohíbe expresamente el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas digitales y restringe su publicidad en camisetas de fútbol y espectáculos masivos. También prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin la debida autorización de la jurisdicción competente.
El carácter restrictivo de la normativa, aún en espera de tratamiento, ha generado un intenso debate sobre los límites del Congreso para legislar sobre temas que, según algunos sectores, son competencia provincial. Bajo esta discusión subyace también la cuestión de la recaudación. En contrapartida, los impulsores del proyecto en Diputados sostienen que el Poder Legislativo tiene potestad para intervenir, ya que se trata de una problemática directamente relacionada con la salud pública.
Fuente: Los Andes