El Senado dio un paso firme para redefinir los límites del poder presidencial. Con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, la cámara aprobó un proyecto que restringe de manera significativa el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), buscando que ningún Ejecutivo pueda saltarse al Congreso con normas de amplio alcance. Ahora, la iniciativa fue girada a Diputados para su tratamiento, con la expectativa de un posible veto desde la Casa Rosada.
El proyecto establece que los DNU deberán contar con un plazo máximo de 90 días para su aprobación por ambas cámaras, bajo la exigencia de mayoría absoluta. Actualmente, estos decretos continúan vigentes si ninguna de las Cámaras los revoca, sin límite temporal. Además, si una sola cámara vota en contra, el decreto pierde validez, salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la práctica, se encorseta la posibilidad de usar los DNU como herramientas legislativas permanentes, limitando la lógica que hasta ahora permitía aprobar normas sin control ni plazo definido.
Otra novedad relevante es que cada DNU deberá referirse a un área específica, evitando la conocida «ensalada de temas» en un solo texto. Esto representa un golpe directo a la tradicional flexibilidad de los decretos ejecutivos y a normas emblemáticas como el DNU 70/23 sobre desburocratización del Estado. Si se sanciona en Diputados, la ley dejaría obsoleta la iniciativa impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.
Uno de los discursos más destacados en la sesión fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien durante largos años quiso analizar la ley cristinista y, en todas las ocasiones, fue dejada casi en soledad. La experimentada neuquina cuestionó cómo los DNU se «metieron por la ventana» mediante acuerdos políticos que reforzaron el centralismo y el presidencialismo autoritario.
«Hemos tenido una cantidad inmensa de DNU con aprobación tácita y sin control que no sólo modificaron leyes, sino que han sancionado leyes, una facultad privativa de un Congreso que resultó bastante pasivo frente a esas situaciones», enfatizó. Crexell también criticó la ley 26.122, señalando que «no establece un mecanismo que respete los principios constitucionales» y subrayó que decisiones como decretar un feriado nacional vulneran intereses provinciales, ignorando sus reclamos.
Fuente: Infobae