La próxima semana promete ser movida en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores pondrán primera para avanzar con la reforma de la ley 26.122, la norma que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado, podría convertirse en el golpe político más duro para el presidente Javier Milei, quien recurrió de forma sistemática a esta herramienta constitucional desde que asumió.
La jugada no es menor: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica lograron emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO)— para debatir el tema el martes próximo. Según la hoja de ruta opositora, el dictamen se firmaría el 30 de septiembre y podría llegar al recinto en una sesión especial el 1 o el 8 de octubre.
¿Qué cambia con esta reforma? Básicamente, limita el poder presidencial. Hoy, un DNU solo cae si lo rechazan ambas cámaras. Con la modificación, bastará con el rechazo de una sola. Además, se establece un plazo de 90 días: si en ese tiempo no hay ratificación parlamentaria, el decreto perderá vigencia automáticamente. Claro que, hasta entonces, sus efectos jurídicos seguirán siendo válidos.
Para el oficialismo, que está en minoría en Diputados y en el Senado, la amenaza es seria. No es casual que, puertas adentro, dirigentes de La Libertad Avanza reconozcan que este es el frente que más los inquieta. La oposición, por su parte, insiste en que el Ejecutivo abusa de un recurso que la Constitución reserva para emergencias. Y recuerdan que la Carta Magna de 1994 prohíbe expresamente emitir DNU en materia tributaria, penal o electoral.
En lo que va de su gestión, Milei firmó 64 decretos de necesidad y urgencia —un promedio de más de 36 al año—, pero uno de ellos incluyó cambios en nada menos que 300 leyes. Para sus detractores, ese fue el ejemplo más claro de un uso discrecional y excesivo.
Fuente: MDZ