El Gobierno nacional finalmente presentó este martes su proyecto de ley para cambiar la educación. Tiene el nombre de “Ley de Libertad Educativa”, da marcha atrás con los ítems que resultaron más conflictivos y sumaron la creación de un examen al terminar la secundaria (el Examen Nacional de Educación Secundaria, ENES).
El proyecto deroga la actual ley de Educación, votada por el Congreso en 2006, y la reemplaza por la nueva normativa, que pone más énfasis en el rol de las familias por sobre el Estado y persigue una mayor autonomía de las escuelas y control de gastos en general.
Entre los cambios principales que establece el texto, de 43 páginas, está la habilitación del homeschooling, la legalización de los vouchers o financiamiento a la demanda, la creación de Consejos de Padres en las escuelas públicas (con potestad para participar de la contratación o remoción del director), el permiso a publicar resultados de pruebas estandarizadas por escuela (hoy prohibidos por ley) y la evaluación de los docentes. Además, fijan la forma en que deben ser auditadas las universidades.
Lo que quedó en el camino fue la habilitación de la educación religiosa en las escuelas estatales; así como la obligación a que el Estado financie a las escuelas privadas con el mismo monto por alumno con que lo hace a las estatales.
Los vouchers, o financiamiento a la demanda, fueron una de las ideas fuerza de la campaña de Milei en 2023. El concepto central era que el Estado en vez de financiar la “oferta” -a las escuelas- debiera darle dinero a la “demanda”: a los padres, para que elijan, con esa plata, la forma en que quieren educar a sus hijos.
El proyecto no menciona la palabra “voucher”, pero en el artículo 83 establece que “el Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”.
En un capítulo especial, al que llaman “Formas alternativas de enseñanza”, dicen que “con el propósito de garantizar el pleno ejercicio del derecho de enseñar y aprender, se reconoce el derecho a recibir Educación Básica mediante formas alternativas de enseñanza, entendidas como procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución de Educación Básica”.
Y entre las formas que indican está la “Educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”.
Hay más novedades que introduce la ley, y que busca darles prioridad a las familias. Es la creación de Consejos Escolares de Padres que funcionarán en cada una de las escuelas estatales.
Como una suerte de cooperadoras institucionalizadas, estos Consejos de Padres ejercerán “funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas en los asuntos estratégicos y de control institucional. A su vez, el Consejo Escolar de Padres debe participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución”, dice el proyecto.
Y agrega que “la función del Director requiere de una formación específica orientada a sus tareas propias”, de acuerdo a disposiciones que surgen del mismo proyecto.
Con la finalidad de que los padres puedan elegir las escuelas con más información, el proyecto de ley habilita la posibilidad de que se publiquen los resultados de las pruebas estandarizadas por escuela, algo que ahora prohíbe la ley de educación vigente.
La nueva normativa establece que “la autoridad nacional de aplicación publica anualmente, en un portal digital abierto, accesible y de fácil navegación, información desagregada por institución educativa que incluya, como mínimo, los resultados de las evaluaciones censales realizadas”.
Había sido introducido en la primera ley Ómnibus del Gobierno, a fines de 2023, pero desde entonces no se habló más del tema. El examen de terminación de la secundaria finalmente volvió a aparecer en esta versión (definitiva) del proyecto oficial de “Libertad Educativa”,
El texto dice que el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) será una evaluación individual voluntaria, implementada anualmente por la autoridad nacional de aplicación a los estudiantes que finalizan la secundaria en cualquier tipo de modalidad.
Y que los egresados también podrán rendir este examen en instancias posteriores a la finalización de la secundaria. “El ENES integrará conocimientos y habilidades de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades de acuerdo con los contenidos mínimos nacionales vigentes”, agrega.
Otras dos novedades que introduce el proyecto presentado por el Gobierno es la evaluación de los docentes, “al menos cada cuatro años”, y un articulo que establece la forma en que deben auditarse las universidades.
Fuente: Clarín