A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el Estado nacional no distribuyó medicamentos esenciales para su cumplimiento durante toda la actual gestión. Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 el Ministerio de Salud de la Nación no entregó mifepristona ni misoprostol, insumos centrales para la práctica.
Durante 2024 se registraron 79.186 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en Argentina, una cifra inferior a la de 2023, cuando se contabilizaron 107.505. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil advirtieron un aumento de las denuncias por dificultades para acceder a la IVE/ILE.
De acuerdo con un análisis del Centro de Datos de Chequeado sobre la ejecución de metas físicas del Presupuesto Abierto, en 2022 el Estado nacional había entregado 70.293 tratamientos y en 2023, 106.737. En 2024 y en los primeros nueve meses de 2025 no se registró ninguna entrega, lo que implicó una caída del 100% respecto del último año de la gestión anterior. El mismo relevamiento señaló una reducción en la provisión de preservativos y anticonceptivos.
En los documentos oficiales de 2024, el Ministerio de Salud atribuyó la situación a demoras en los procesos de licitación. Frente a ese escenario, las provincias debieron adquirir por su cuenta los insumos necesarios para sostener las prestaciones. Un informe del Proyecto Mirar, impulsado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a Ibis Reproductive Health, indicó que la decisión nacional generó falta de previsibilidad en la provisión y distribución, aunque la mayoría de las jurisdicciones realizó compras para garantizar los servicios.
En cuanto a la distribución territorial de las prácticas en 2024, la provincia de Buenos Aires encabezó el total con 42.360 interrupciones, según datos enviados por su Ministerio de Salud. Le siguieron Santa Fe, con 6.327; Tucumán, con 4.694; la Ciudad de Buenos Aires, con 4.451; y Salta, con 4.213. En el otro extremo se ubicaron Formosa, Tierra del Fuego, Jujuy y La Pampa, con los registros más bajos. La provincia de San Juan no respondió a las consultas oficiales.
El informe anual del Proyecto Mirar detalló que entre el 84% y el 96% de las interrupciones se realizaron antes de las 12 semanas de gestación y que el 95% se resolvió dentro del plazo legal de diez días desde la solicitud. El método más utilizado fue el aborto con medicamentos, principalmente misoprostol, mientras que la aspiración manual endouterina representó menos del 0,5% de los casos. La atención se sostuvo en 578 efectores públicos, con marcadas diferencias entre provincias.
Desde fines de 2023 dejaron de publicarse los informes de gestión de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En ese contexto, organizaciones advirtieron sobre el impacto de la falta de información oficial y de insumos. Un relevamiento de Amnistía Internacional señaló que en 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso a la IVE/ILE y que cerca del 60% de las consultas recibidas estuvieron vinculadas a la ausencia de información sobre dónde y cómo acceder a la práctica.
El informe también consignó testimonios de mujeres que no pudieron obtener respuesta en el sistema público y enfrentaron costos elevados para adquirir la medicación en el sector privado, con valores que en agosto de 2024 rondaban los $100.000. Según la organización, la suspensión de la compra y distribución de insumos por parte del Estado nacional y la falta de campañas informativas contribuyeron a profundizar las dificultades en el ejercicio del derecho garantizado por ley.
Fuente: Chequeado