La Justicia federal dispuso medidas de protección para una testigo considerada clave en la investigación por los vuelos privados en los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Uruguay durante el último fin de semana de Carnaval. La decisión apunta, ni más ni menos, a resguardar la integridad de su testimonio en medio de un escenario que empezó a tensarse.
El juez Ariel Lijo firmó la resolución este sábado en los tribunales de Comodoro Py, luego de un planteo impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita. El detonante fue la denuncia de Vanesa Elizabeth Tossi, quien aseguró haber sido blanco de amenazas e intentos de intimidación mientras avanzaba su declaración en sede judicial.
Según consta en el expediente, durante la audiencia del viernes Tossi recibió llamados y mensajes de Marcelo Grandío, periodista y allegado al funcionario investigado. Esa situación, registrada formalmente, encendió las alarmas. A eso se sumó una carta documento enviada por el propio Grandío, cuyo contenido fue interpretado por la testigo como intimidatorio.
Frente a este cuadro, Lijo ordenó que Grandío se abstenga de contactar a la testigo por cualquier vía, ya sea telefónica, digital o presencial. Además, se le prohibió acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier ámbito que frecuente. La medida también incluye la restricción de realizar actos de hostigamiento, presión o intimidación, tanto de manera directa como indirecta.
Desde la fiscalía, el diagnóstico fue claro. Pollicita advirtió que existen “indicadores concretos de presión sobre una testigo”, lo que podría comprometer no solo la investigación en curso, sino también la espontaneidad de la declaración. En su dictamen, remarcó que lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de una serie de conductas reiteradas que ameritan intervención judicial.
“La secuencia relatada por la testigo exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada”, sostuvo el fiscal, en un tramo clave de su presentación.
En ese sentido, las medidas dispuestas no implican una sanción anticipada contra el periodista involucrado, sino una acción preventiva. El objetivo, según se desprende de la resolución, es garantizar la integridad física y psíquica de la testigo y asegurar que el proceso judicial avance sin interferencias.
Fuente: A24