La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación, al hacer lugar a una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades del país.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la norma mediante un decreto, pese a que había sido aprobada por el Congreso y ratificada por dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial. En ese sentido, los magistrados advirtieron que no puede sostenerse la suspensión de una ley vigente con base en otra norma de igual jerarquía.
“¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?”, plantearon los camaristas, y respondieron de forma negativa al remarcar que todas las leyes tienen el mismo rango normativo.
Además, la Cámara coincidió con el criterio del juez de primera instancia, Martín Cormick, quien había señalado que el incumplimiento de la ley no solo no protegía el interés público, sino que afectaba directamente derechos fundamentales. “La falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”, subrayaron.
El conflicto por el financiamiento universitario se remonta a 2024, cuando el Congreso sancionó la ley para garantizar la actualización automática de los recursos del sistema universitario. Aunque el presidente Javier Milei la vetó, el Parlamento rechazó esa decisión y dejó firme la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con su promulgación sin asignar partidas presupuestarias para su implementación, argumentando que no estaban definidas las fuentes de financiamiento y que su aplicación tendría impacto fiscal.
En paralelo al proceso judicial, consigna TN, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar el esquema de financiamiento, que aún no fue tratado. Mientras tanto, universidades como la UBA advirtieron que el presupuesto 2026 no contempla los recursos previstos en la ley.
Desde el ámbito académico insisten en que la aplicación efectiva de la norma resulta clave para sostener el funcionamiento del sistema universitario. “La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión”, señalaron autoridades universitarias.
Fuente: TN