Las autoridades bonaerenses aprobaron este lunes la actualización de aranceles para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales, que comenzará a regir desde abril y alcanza a todos los niveles educativos.
De acuerdo a lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), en el nivel inicial y primario las cuotas podrán oscilar entre $32.880 para instituciones con 100% de subsidio estatal y $148.660 para aquellas con un 40%. En el nivel secundario, los valores se ubicarán entre $36.200 y $193.160.
En tanto, los institutos que brindan educación Técnica, Agraria o Artística tendrán aranceles que irán desde $41.790 hasta $221.070, también según el porcentaje de aporte estatal que reciban para el pago de salarios docentes.
Se estima que se trata de un incremento promedio de 6,5% para todas las categorías, escalas y modalidades.
La actualización fue avalada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de un pedido de las entidades del sector que reclamaban una recomposición en función de los acuerdos paritarios alcanzados con los gremios docentes. El último incremento había sido del 3% en marzo, mientras que la anterior actualización se había aplicado en el último trimestre de 2025.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada” y señaló que, además de los salarios (parcialmente cubiertos por el Estado), existen costos operativos que deben afrontar las instituciones.
En ese sentido, sostuvo que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos”, con el objetivo de sostener el funcionamiento diario.
El sistema de educación privada en la provincia representa cerca del 30% de la cobertura educativa y reúne a más de 1,3 millones de alumnos. En ese universo, alrededor del 70% de los establecimientos recibe algún tipo de aporte estatal, lo que implica que sus aranceles deben ser autorizados por el gobierno.