El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz le impuso tres años de prisión en suspenso al excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes. López Mazzeo, Alonso y Correa fueron absueltos
“La resolución que tomamos fue absolutamente con libertad de criterio, sin ningún tipo de presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento de cada uno de los magistrados sobre la solución que debía darse al caso. Reconocemos nuestra naturaleza humana y, si pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas”.
Con esa aclaración, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi, pasó a leer este miércoles el veredicto. Por mayoría, los jueces condenaron a tres años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como había solicitado la fiscalía.
Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.
La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.
Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 21 de agosto, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar para ir a la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, si así lo consideran.
Uno de los ejes centrales de los fundamentos será establecer qué vínculo consideró acreditado la mayoría del tribunal entre los incumplimientos atribuidos al condenado y el desenlace de la tragedia, cuya secuencia -desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión- todavía es materia de hipótesis.
Villamide ya había sido destituido de la Armada en 2021 tras un proceso disciplinario tramitado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, en el que un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos centrales, por no haberle ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras el ingreso de agua reportado en el tanque de baterías.
Este miércoles, el ex oficial superior de la Armada -y actual capitán de ultramar de la Marina Mercante- recibió una pena de “tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos y costas del proceso” tras ser hallado “autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 248 del Código Penal-, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte -art. 189, segundo párrafo-”.
El tribunal oral le impuso a Villamide una serie de reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar domicilio y teléfono, informar cualquier cambio, no cometer nuevos delitos y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio.
Los jueces también rechazaron “por improcedente” un pedido realizado por la fiscalía durante su alegato, que pretendía aplicar al caso la Resolución PGN 58/2024, dictada por el procurador general interino Eduardo Casal. Esa norma fue concebida para promover investigaciones patrimoniales, medidas cautelares y el recupero de activos vinculados principalmente con delitos de criminalidad económica, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, conDurante el juicio penal declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material de la nave al momento de su última operación, que comprendía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Para ello, se analizó toda la documentación en la que constaban las novedades y las pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica.
De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente y con lo declarado por la mayoría de los testigos, las reparaciones y tareas de mantenimiento pendientes -entre ellas, la prueba de máxima profundidad, la prueba de presión del sistema principal de refrigeración y el ingreso a dique seco para realizar el carenado, cuyo plazo reglamentario estaba vencido- no impedían la operatividad del submarino.
Las defensas sostuvieron que esa conclusión también estaba respaldada por la decisión del propio comandante del buque, quien ordenó la zarpada una vez superadas las pruebas realizadas durante las 48 horas previas y que, de acuerdo con los reglamentos del servicio naval, solo podía autorizarla si consideraba que la unidad se encontraba en condiciones de navegar.
El contrapunto a esa visión estuvo dado por la teoría del caso de la fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, quien alegó que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión y que ese aumento terminó contribuyendo al hundimiento de la nave y a la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación.
Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para Villamide y el contralmirante López Mazzeo -quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de los hechos, el máximo cargo operativo de la fuerza—; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y tres años y seis meses de prisión para el capitán de fragata Correa, exjefe de Operaciones de ese mismo comando.
Tanto el querellante Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan- como las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias habían solicitado penas de prisión para todos los acusados. Tagliapietra formuló el pedido más severo: reclamó ocho años de cárcel para Villamide al considerar que los delitos concurrían de manera real y no ideal. Sin embargo, ambos alegatos fueron anulados por haberse apartado de los límites de la acusación formulada por la fiscalía, dado que ninguna de las querellas había presentado oportunamente un requerimiento propio de elevación a juicio.
El debate oral se llevó adelante en la ciudad de Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una primera etapa de la investigación llegaron a estar imputados siete oficiales de la Armada.
Los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia, con el posterior aval de la jueza Marta Yáñez, elevaron finalmente la causa a juicio oral con cuatro acusados, cuya situación procesal quedó definida este miércoles.
Las últimas palabras de Villamide
Antes de escuchar el veredicto, Claudio Villamide volvió a proclamar su inocencia y cuestionó que la acusación hubiera logrado precisar cuál fue la conducta concreta que se le reprochaba. “Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”, sostuvo. Y agregó: “No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque”.
El excomandante de la Fuerza de Submarinos también remarcó que todavía no existe una explicación definitiva sobre la mecánica de la tragedia. “Al día de hoy no sabemos por qué se perdió el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, afirmó ante los jueces.
En ese sentido, recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder preguntas. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal nunca le formulara interrogantes concretos sobre su actuación. “Declaré tres veces ante este tribunal. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, expresó.
Villamide consideró que el proceso excedió su responsabilidad individual y alcanzó a toda la institución. “Esto es un juicio a la Armada”, dijo, al reivindicar la formación de los submarinistas y los procedimientos aplicados durante la misión. También describió el impacto personal que tuvo la causa: recordó su destitución, la pérdida del grado, la imposibilidad de volver a utilizar el uniforme y la afectación que sufrió su familia.
Sobre el final, defendió la vocación de servicio y rindió homenaje a los 44 tripulantes. “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”, expresó. Luego pidió al tribunal que resolviera a partir de los testimonios brindados durante el debate y concluyó que el capitán Pedro Fernández y su tripulación “honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina”.
Fuente :Infobae