Las obras sociales de Argentina notificaron este año 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo, las que a dos años de la implementación de la ley de aborto legal muestra mayores adecuaciones en sus servicios para cumplir con la norma, si bien falta que brinden mejor información sobre el acceso al derecho y, en algunas localidades con personal de salud objetor de conciencia, es el sistema público quien absorbe la demanda que luego factura a la obra social, reveló un informe oficial.
También se han dado situaciones en el norte del país y otras localidades donde la persona que requería la práctica tuvo que ir a otra provincia para concretarla.
Estos son algunos de los datos que brindó la auditoria que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
La ley 27610 de acceso a ILE/IVE que votó el Congreso el 30 de diciembre del 2020 y que se promulgó el 14 de enero de 2021, implicó que distintos organismos adecuaran sus estructuras para monitorear el cumplimiento de la norma.
Es lo que hizo la Superintendencia de Servicios de Salud a través de la Unidad de Género a cargo de Natalia Garozzo, jefa de Asesores del organismo.
Un dato a considerar es que sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.
Así, en 2021 comenzó a monitorear 247 obras sociales de todo el país, de las cuales 228 (92%) son del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 19 (8%) de otras provincias, en relación a la implementación de la norma.
El universo auditado incluye casi al 90% de estas entidades, ya que en el país hay 297 obras sociales registradas.
“Vale aclarar que este dato no significa que sean 4.966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental”, aclaró el informe.
En cuanto al tipo de prestación realizada en el sector de obras sociales, el 31% fue solo medicamentosa, el 67% solo instrumental y el 2% fue con procedimientos combinados.
Con respecto a la provisión del misoprostol (el medicamento utilizado para realizar IVE), el 90% se obtuvo en farmacias y el 10% restante de otros proveedores.
Sobre la utilización de protocolos institucionales para acceso a la práctica y atención post aborto, el 80% de las obra sociales auditadas utiliza el del Ministerio de Salud y el 20% posee uno propio.
Las obras sociales cuentan con un 36% de prestadores de cartilla, un 30% son prestadores públicos de gestión estatal, un 19% prestadores propios y un 5% de otros prestadores.
Un dato a considerar es que sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.
“Se ha observado la indicación de legrados, a pesar de no ser la práctica más recomendada o segura para las usuarias. Esta práctica incluye 48 horas de internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU (aspiración manual endouterina)”, se resaltó en el documento.
En relación a reclamos, pueden hacerse a través de este formulario https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo, la profesional explicó que una vez recibidos “se contacta de manera inmediata a la obra social correspondiente para que la práctica sea cubierta, así como lo establece la ley”.
Fuente: Télam