La importación de ropa usada registró en la Argentina un crecimiento inédito durante los últimos meses y comenzó a generar un fuerte impacto sobre el comercio y la industria textil local. El fenómeno se aceleró tras la eliminación de la normativa que durante casi tres décadas había restringido el ingreso de indumentaria de segunda mano, lo que habilitó un flujo masivo de prendas provenientes del exterior.
Desde comienzos de 2025, el volumen sorprendió incluso a los propios actores del sector. En apenas cuatro meses ingresaron cerca de 200 camiones con ropa usada y solo en octubre se importaron 1.067 toneladas. En lo que va del año, el total alcanzó las 3.521 toneladas, equivalente a alrededor del 11% de todas las prendas de vestir importadas en ese período. Las cifras encendieron alertas en cámaras empresariales y comercios, que advirtieron sobre el impacto en la producción nacional y el empleo.
Uno de los puntos más cuestionados es el precio. La ropa usada ingresó al país con un valor promedio de 1,2 dólares por kilo, muy por debajo de los 18,4 dólares por kilo que cuesta, en promedio, la indumentaria nueva importada. Este diferencial fue señalado como un factor de competencia desleal que profundiza las dificultades del sector textil, en un contexto marcado por cierres de plantas y despidos.
El 90% de la ropa usada importada llegó desde Chile, principalmente por vía terrestre. El 84% cruzó la frontera por la aduana de Jujuy, con destino mayoritario al Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta dinámica replica el modelo chileno, país que es uno de los mayores importadores mundiales de ropa usada y que enfrenta serios problemas ambientales, como el descarte masivo de prendas en el desierto de Atacama.
Las cámaras del sector y asociaciones comerciales también alertaron sobre riesgos sanitarios y ambientales, al señalar la falta de controles estrictos sobre la procedencia, el estado de las prendas y su destino final. Durante casi 30 años, la Argentina prohibió este comercio por razones de salud pública, seguridad y cuidado ambiental, pero tras la expiración de la normativa en 2022 no se restablecieron nuevas barreras.
El cambio habilitó un negocio lucrativo para intermediarios y operadores logísticos, mientras se registró una caída en las ventas de indumentaria nacional, especialmente en los segmentos de menor precio. En paralelo, el deterioro del poder adquisitivo impulsó a muchos consumidores a optar por prendas de segunda mano. La industria textil reclama ahora una regulación que permita proteger el empleo, garantizar controles sanitarios y evitar un impacto ambiental similar al observado en otros países.
Fuente: Infobae