A través de un decreto, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la eliminación de materias y contenidos que hasta ahora eran obligatorios en las escuelas de todo el país.
La medida, formalizada mediante el Decreto 436/2025, introduce una modificación de fondo en el esquema educativo nacional y traslada decisiones clave a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La normativa deroga artículos centrales de dos leyes vigentes. Por un lado, deja sin efecto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos. Por otro, elimina los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, que imponían la enseñanza de contenidos específicos de educación vial en las escuelas. En los hechos, ambas iniciativas dejan de ser exigencias a nivel nacional.
Desde ahora, estos espacios ya no deberán dictarse de manera obligatoria en los establecimientos educativos. La decisión de mantenerlos, adaptarlos o directamente descartarlos quedará en manos de cada jurisdicción. Así, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires podrán definir, según sus criterios y prioridades, si continúan con estos contenidos dentro de sus sistemas educativos.
En el caso puntual de la jornada “Educar en Igualdad”, el Ejecutivo argumentó que no corresponde al Gobierno nacional organizar ni imponer este tipo de talleres. Bajo esa lógica, se remarcó que la responsabilidad debe recaer en las autoridades locales, que evaluarán si sostienen o no estos espacios vinculados a la prevención de la violencia de género en el ámbito escolar.
Respecto a la educación vial, el decreto señala que el Observatorio de la Educación Vial, previsto en la ley original, nunca llegó a funcionar. Además, el Gobierno sostuvo que existía una superposición de funciones con el Consejo Federal de Seguridad Vial, lo que, según el texto oficial, justificó la derogación de los artículos que hacían obligatoria esta formación en las escuelas.
Desde el Ejecutivo enmarcaron la decisión en una política más amplia de reorganización del Estado. Según se explicó en los fundamentos del decreto, los cambios apuntan a mejorar la eficiencia de la gestión pública, evitar estructuras sobredimensionadas y reducir el gasto.
Fuente: El Cronista