Javier De Luca respaldó el pedido de los fiscales de recusar a la jueza que tiene a cargo la investigación por la desaparición y posterior muerte de Astudillo Castro.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, también pidió el apartamiento de la jueza María Gabriela Marrón de la causa judicial en la que se investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
En su fallo respaldó el pedido de los fiscales Horacio Azzolín, Andrés Heim e Iara Silvestre para que la titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca no continúe al frente de la investigación.
«No practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa (“el tiempo que pasa es la verdad que huye”) e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real», enumeró.
Además, advirtió que Marrón obstaculizó “líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”.
Vale recordar que De Luca interviene en el marco del recurso de queja abierto por la Sala I del máximo tribunal penal, interpuesto por los fiscales Azzolín y Heim, luego que el pedido de recusación sea rechazado.
«La descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen», aseveró De Luca.
En su resolución ejemplificó sobre la parcialidad de la magistrada con la decisión de Marrón de requerir unilateralmente un informe al IADO sobre el estuario bahiense. De Luca entendió que el sentido de ese pedido fue «profundizar la hipótesis que ya había referido en su auto del 15/10/20 sobre que Astudillo había «muerto ahogado» en el mar. Ello en los mismos términos que los señalados en el informe devuelto por la fiscalía por no haberse requerido ni ceñido a lo solicitado».
Los fiscales habían considerado que el primer estudio pedido al IADO no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, por eso, el pasado 5 de febrero reclamaron a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.
Ese mismo día, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. Para los fiscales el documento era inusual, pues un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decidido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.
Los fiscales, en esa oportunidad, devolvieron el informe, recordando al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por la fiscalía y se excluyó “el informe no ordenado y devuelto”.
Luego, la magistrada el 10 de febrero dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia. Los fiscales Azzolin y Heim solicitaron la nulidad de ese estudio, pero la jueza rechazó la petición, que después fue confirmada por la Cámara Federal bahiense.
En su dictamen ante la Cámara Federal de Casación, planteó De Luca que “esta actividad de la magistratura puede implicar la responsabilidad internacional del Estado argentino, la cual se produce, cabe recordar, tanto por acción como por omisión».
Otras definiciones de De Luca sobre Marrón
-«Sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis».
-«Se viene obturando la posibilidad de los acusadores de profundizar las líneas de investigación que ellos consideran correctas y pertinentes, de acuerdo al bagaje probatorio colectado durante la instrucción de esta causa, guiado por la experiencia criminalística y la triste historia argentina de hechos similares que nos han enseñado a no descartar ninguna posibilidad».
Asimismo, explicó que cuando la investigación es delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, “éste es el exclusivo órgano encargado de la recolección de las pruebas que van a alimentar la pesquisa”, y en base a ellas, establecer la o las hipótesis investigativas que considere razonable para la dilucidación del hecho y de sus autores.
Sin embargo, aclaró que en la actualidad el Ministerio Público Fiscal “ha dejado de ser un convidado de piedra en el proceso» y que «precisamente, la tarea de investigar es uno de los cometidos esenciales del Ministerio Público Fiscal moderno, lo cual viene de la mano con el predominio de procesos netamente acusatorios».
Para De Luca, no hay dudas que «toda hipótesis que se aparte del mero «accidente» y se dirija hacia la posibilidad de un homicidio, doloso o culposo, o un encubrimiento de éste, es inmediatamente negada» por la jueza Marrón.
«A lo largo de toda esta etapa investigativa, la magistrada que esta parte recusa ha demostrado una actitud refractaria hacia todas las medidas de prueba que la fiscalía solicitara». Y en particular, mencionó que esa situación se registró “cuando se intentó avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos».
Fuente: Frente a Cano