El Gobierno trabaja en un paquete de reformas estructurales que promete reconfigurar funciones, organización interna y competencias de las principales fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El objetivo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, es profesionalizar al personal, actualizar marcos normativos y trasladar de forma definitiva el control de estas fuerzas al Ministerio de Seguridad.
“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo», señalaron voceros oficiales. En esa línea, se plantea la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa de cada institución y delimitar con mayor claridad sus áreas de acción.
En el caso del SPF, uno de los cambios más relevantes sería su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El argumento central es la necesidad de articular una estrategia más eficaz contra el crimen organizado que actúa incluso desde las cárceles, como en el caso de “Los Monos”, cuyos líderes operaban con celulares desde prisión. Además, se prevé la sanción de un nuevo estatuto para reemplazar el de 1967, incorporando estructuras modernas como una Dirección de Comunicaciones y otra de Formación y Bienestar. También se modificaría el régimen de carrera, incorporando mayor transparencia y control institucional.
Para la PNA, el decreto en preparación no derogaría la ley vigente desde 1969, pero sí actualizaría sus competencias y eliminaría funciones obsoletas, como el otorgamiento de beneficios postales. Se reorganizará su estructura con énfasis en la profesionalización, la vigilancia ambiental marina y el sistema de guardacostas. Además, se ampliarán sus potestades investigativas y su participación internacional.
La PSA, en tanto, vería ampliado su alcance operativo más allá de los aeropuertos, pudiendo actuar en otros medios de transporte si así lo dispone el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones figura la creación de un escalafón técnico profesional, la incorporación de cadetes y un sistema disciplinario más riguroso, con control externo y un tribunal específico.
En el caso de la Gendarmería Nacional, se derogaría la ley de 1972, eliminando las referencias al Ejército y al Ministerio de Defensa, consolidando así su carácter civil bajo el ala del Ministerio de Seguridad. La nueva normativa prevé una estructura organizativa más eficiente, modernización del régimen de personal y medidas contra la corrupción. También se reforzarían las funciones de investigación y prevención del delito y se autorizaría su participación en misiones internacionales.
En conjunto, señala Infobae, el proyecto apunta a una transformación integral del sistema federal de seguridad. Más que simples ajustes administrativos, las reformas alcanzan la estructura jerárquica, los procesos de incorporación, los sistemas de carrera, el alcance territorial y la coordinación entre fuerzas. Se trata, según el diagnóstico oficial, de modernizar un sistema que quedó atado a normas y estructuras de hace más de medio siglo.