En las últimas semanas en la que todos los focos estuvieron sobre el equipo de ministros que presentará y sobre el plan económico que ejecutará Alberto Fernández, el Gobierno aprovechó la relativa calma postelectoral para construir «el libro blanco de Mauricio Macri», algo así como el relato oficial de la herencia económica, entre la que aparece un protagonista excluyente de los últimos dos años: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus US$57.000 millones.
En el ala política no quedaron del todo conformes con «los ocho puntos sobre la economía» que construyó y difundió la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. Consideraron allí que el tono -relativamente exitista- no correspondía con cierta autocrítica que pretende esbozar el equipo de Hernán Lacunza sobre la situación económica, más allá de algunos aciertos puntuales.
Justamente, entre los informes que tuvieron que generar todas las dependencias del Gobierno en materia económica hay uno que se destaca, y busca dar respuesta a una pregunta que condicionará la primera negociación urgente que encarará Alberto Fernández una vez que asuma como presidente de la Argentina: ¿Qué se hizo con la plata del FMI?
Fuentes oficiales indicaron que los desembolsos que llegaron del organismo que conduce Kristalina Georgieva son US$44.149 millones. Netos, tras las comisiones y reembolsos, quedaron US$43.922 millones. Esto es antes de que el organismo conducido interinamente por David Lipton, el número dos del Fondo, decidiera cortar con los desembolsos después de las PASO. El último, para mediados de septiembre, era de US$5700 millones y nunca llegó, como tampoco la cuarta auditoría que liberaría esos fondos.
De ese total de desembolsos realizados por organismo multilateral de crédito, se aplicaron a distintos conceptos US$42.007 millones, agregaron desde el Gobierno, y el Tesoro Nacional mantiene disponible al 31 de octubre último la suma de US$1916 millones.
Más precisamente, se usaron US$14.256 millones para pagar letras; US$10.459 millones para Bonar; US$5427 millones para bonos internacionales en dólares; US$293 millones para bonos internacionales en euros y francos; US$2579 millones de organismos multilaterales y bilaterales; US$1577 millones en discount; US$245 millones en PAR; US$253 millones en Bono Plan Gas; US$205 millones en «otros», según los datos oficiales.
Del total de lo utilizado (los US$42.149 millones), se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera la suma de US$35.294 millones (80% del total), para cancelar servicios de deuda en moneda nacional US$6072 millones (14%) y para gastos primarios en moneda extranjera -principalmente importaciones de combustible- US$641 millones (1%).
Este será conceptualmente el relevamiento que mostrará Mauricio Macri una vez que Fernández se haga cargo del Ejecutivo el 10 de diciembre y comience la dura negociación con el FMI, que ya mostró algunos contrapuntos por el ajuste fiscal la semana pasada.
De lado del presidente electo, ya anticiparon que habrá pelea por el relato. «El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer», escribió Fernández en un comunicado enviado a la prensa en la última visita de representantes del FMI en agosto.
Allí Fernández les reiteró a los enviados del organismo internacional «su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales». El equipo del presidente electo relevó entonces el crecimiento de la Formación de Activos Externos de libre disponibilidad y alertó: «Como fuera advertido en la primera reunión del Frente de Todos con el staff del FMI en junio, el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga. Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo (…)».
La semana pasada, Gerogieva y Fernández tuvieron su primera comunicación telefónica para comenzar los diálogos por la negociación de la deuda argentina. En una entrevista en Berlín, la flamante directora gerente del Fondo había señalado que el plan económico argentino debía tener «viabilidad fiscal». En la conversación que duró más de media hora, horas más tarde de la nota con Bloomberg, Fernández le respondió que no «podía hacer más ajustes».
«Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste», le dijo Fernández, según un comunicado de prensa dado a conocer luego. «No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo», agregó.
Georgieva dijo que la llamada había sido «constructiva», y reiteró la predisposición del Fondo para «colaborar» con el futuro gobierno para intentar terminar de encarrilar la economía. «He reiterado la disposición del Fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos», afirmó Georgieva, según un comunicado del FMI.
Fuente: La Nación