La grave crisis que afronta la obra social IOMA, en medio de la transición de gobierno, mantiene a miles de afiliados expectantes y preocupados.
Ayer, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires informó que fue suspendida la provisión de medicamentos del Plan IOMA Meppes, destinado a pacientes con enfermedades graves.
Dentro de las enfermedades especiales o de alto impacto para la salud se encuentran las oncológicas, cardiopatías congénitas, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, psoriasis, lupus, diabetes, osteoporosis, síndrome de Turner, epilepsia, esclerosis múltiple, parkinson, parálisis cerebral, esquizofrenia, psicosis, hemofilia, hepatitis crónica, VIH +, trasplantes (cardíaco, cardiopulmonar, renal, hepático y de médula ósea), entre otras.
Lejos de resolverse, la situación parece complicarse con el correr de las horas y cada vez son más los actores que se suman al pedido que la situación se normalice.
«Las coberturas son cada vez menores; hay estudios, prácticas y prótesis que tardan un año o un año y medio en ser autorizados, tenemos tratamientos oncológicos con demoras y todo por un uso discrecional de los fondos de un ente que es de los trabajadores», mencionó María José Castesana, miembro del concejo consultivo gremial, en representación de ATE, a la redacción de LA BRÚJULA 24.
«Estamos ante una situación de ajuste permanente, de abandono y de saqueo. Sinceramente, no sé con qué panorama se va a encontrar la nueva administración, porque están apareciendo deudas por todos lados», mencionó respecto a la suspensión del plan Meppes.
En un comunicado, ATE menciona que «a pesar de que IOMA es un ente estatal que debería mostrar sus balances y gastos, muy pocas veces salió a la luz el valor del gasto de IOMA MEPPES y hoy nos encontramos con una carta realizada por las cámaras de la industria con fecha octubre de 2019, en la que reclaman la deuda surgida de un blanqueo del monto facturado por los mismos que asciende a 2.123.454.189,06».
«Esta gran deuda económica expresada por la industria nos lleva a realizarnos distintas preguntas, como por ejemplo: ¿quién es el encargado de auditar dichas compras? ¿Cómo es la modalidad en la que se compra? ¿Quién autoriza cada transacción que se realiza y de qué manera se lleva a cabo? o ¿cómo se define y se priorizan las compras?», menciona.
Castesana aseguró que solicitarán una democratización de la obra social, para que sea manejada por los trabajadores y no existe lo que denominó un «uso discrecional de los fondos».
«Hemos realizado un pedido de informes nunca obtuvo respuestas. Queremos saber cómo se manejaron los fondos», mencionó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le reclamó al Instituto Obra Médico Asistencial que solucione “de inmediato” el conflicto.
“Se deben tomar todas las medidas necesarias para que no se agrave la situación de cientos de miles de afiliados que hoy están sin cobertura. Estamos ante un escenario de colapso y abandono en un periodo de transición de autoridades que genera una falta total de garantías respecto al derecho a la salud”, sostuvo Lorenzino.
“Es necesario que se solucione de inmediato este problema, ya que están en riesgo la salud y la vida misma de los afiliados”. Además, reclamó que se regularice la entrega de medicamentos oncológicos, lo que fue investigado y denunciado en su momento por la Defensoría.
Fuente: La Brújula