Resignado a esperar que el Congreso empiece a tratar su “ley de Hojarasca”, cuyo devenir ya no depende de su voluntad, el flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete. El creador del famoso, polémico y, en parte, frenado DNU/70, estrenará la lapicera con la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
La lista del “decreto 51?, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.
El resto de los organismos se mantuvieron en reserva, por ahora. Pero en el organigrama del Estado operan también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT) -en Cultura-; Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas -en Capital Humano- y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -en Salud-, entre varios otros cuya existencia fue cuestionada o asociada a un “curro” del Estado, en línea con el exitoso relato de Milei contra la casta que lo llevó a la Casa Rosada.
Fuente: Infobae