El antecedente es conocido. “Implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos. Lo votamos en función del ideario liberal”, había dicho Javier Milei cuando, como diputado, explicó su voto en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas. Con ese marco, distintas organizaciones y profesionales de la salud advierten que, bajo su presidencia, se está produciendo un desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política sanitaria clave para el abordaje de una de las principales causas de mortalidad infantil en el país.
En Argentina nacen alrededor de 7000 niños y niñas por año con cardiopatías congénitas, y cerca del 50% requiere una cirugía durante el primer año de vida. Desde la creación del PNCC en 2008, la mortalidad asociada a estas patologías se redujo de manera significativa gracias a una red federal de derivación coordinada por el Estado nacional. Así lo remarcó la Federación Argentina de Cardiología, que expresó su “preocupación por esta crítica situación” y reclamó a las autoridades nacionales que revisen las decisiones adoptadas.
“El Programa permitió sostener un equipo técnico altamente especializado, con experiencia acumulada durante años, y garantizar derivaciones oportunas a los centros adecuados en todo el país”, indicó la organización en un comunicado. Según señalaron, la desvinculación reciente de profesionales atenta directamente contra la continuidad del sistema y pone en riesgo todos los avances logrados.
El PNCC funcionaba con un equipo de siete especialistas que coordinaban la atención y derivación a 15 centros de alta complejidad distribuidos en distintas provincias. Gracias a esa estructura, se realizaban cerca de 800 procedimientos quirúrgicos por año y se atendían más de 6000 notificaciones anuales. Con el tiempo, el programa también incorporó el seguimiento de embarazadas y el diagnóstico de cardiopatías fetales.
En las últimas horas, se conoció que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, decidió no renovar el contrato de tres integrantes de dicho equipo. Esta medida derivó en la renuncia del resto de los profesionales, quienes interpretaron la decisión como un vaciamiento. Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses difundieron una carta del equipo saliente en la que explican los motivos de la dimisión: “Esta medida no constituye un acto de abandono, sino de resistencia ante el vaciamiento de una política de Estado que ha garantizado el derecho a la salud de miles de argentinos”.
En ese documento, alertan sobre las consecuencias inmediatas del desmantelamiento: “La desvinculación de profesionales especializados y la consecuente desarticulación del equipo técnico conlleva riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta –las cardiopatías requieren seguimiento ininterrumpido–, dilación en los tiempos de derivación y cirugía y ruptura de la Red Federal”.
“Es literalmente la muerte de bebés”
Desde el lado de las familias, las advertencias son mucho más crudas. “Lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, sostuvo Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la Ley 27.713, aprobada en 2023 pese al voto negativo de Milei y de la entonces diputada Victoria Villarruel.
“Las cardiopatías congénitas son compatibles con la vida en un 95% de los casos cuando se operan. Lo que se está desmantelando es el derecho a la vida de nuestros hijos”, remarcó. Su hija, Minna, nació en 2008 con una cardiopatía congénita y sigue atendiéndose en el Hospital Garrahan, centro de referencia del programa.
Wajsman denunció que, al asumir el actual gobierno, la lista de espera para cirugías era cero. “Hoy ya hay pacientes en lista de espera. Sabemos de un nene de Río Negro al que le atrasaron una cirugía sin prótesis y ahora tiene otra insuficiencia generada por la demora”, manifestó. Y también vinculó la situación con el escenario crítico que atraviesa el Hospital Garrahan: “Los golpes fueron directos, brutales”.
El Ministerio de Salud confirma el vaciamiento, pero asegura que el programa está «garantizado»
En las últimas horas, tras las denuncias públicas y las investigaciones periodísticas que informaron que el programa había perdido al equipo de cardiólogos especializados, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que intentó transmitir tranquilidad, pero confirmó la pérdida de personal especializado. El programa ahora es operativizado por empleados administrativos coordinados por el Garrahan, asegura el Gobierno.
Bajo el título «El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas está garantizado», la cartera que conduce Mario Lugones indicó que la política pública «sigue funcionando». A continuación, explicó que durante el 2025, «el programa contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios» por lo que consideró que «tenía un exceso de personal para esa cantidad de trabajo». «Frente a este escenario, el Ministerio de Salud resolvió reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención. La respuesta del personal desafectado fue intentar vaciar el programa, renunciando en bloque», sostuvo.
«A pesar de ello, en lo que va de 2026, todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención. El programa continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país», agregó el Ministerio en su publicación.
Fuente: Tiempo Argentino