El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde el Ejecutivo buscará revertir una resolución que considera una intromisión directa en sus atribuciones.
La decisión apunta a cuestionar el pronunciamiento del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la suspensión de la norma y dispuso su plena vigencia. En la Casa Rosada sostienen que el fallo avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo, especialmente en lo referido a la administración del gasto público y a la elaboración del presupuesto nacional. Dicho de otro modo, entienden que la Justicia cruzó una línea que no le corresponde.
Desde el entorno presidencial remarcan que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada sin detallar las fuentes de financiamiento necesarias para sostener las medidas que contempla. Ese punto, aseguran, vuelve impracticable su implementación en los términos ordenados por la Justicia. Y ahí está el nudo del conflicto: cumplir con la norma tal como fue exigido, advierten, podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial.
La ley declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien fue promulgada, luego el Ejecutivo dispuso su suspensión mediante el Decreto 681/2025, argumentando que el Congreso no había establecido cómo cubrir el costo de las prestaciones, tratamientos y servicios incluidos. Esa decisión encendió alarmas en familias, organizaciones y prestadores, que comenzaron a denunciar un impacto directo en la atención diaria de personas con discapacidad.
En ese contexto, dos familias con hijos que cuentan con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial. La causa derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca dejar sin efecto. En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de tratados internacionales.
Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes.
Fuente: Ámbito