Mientras la “motosierra” vuelve a ganar protagonismo puertas adentro del Ejecutivo, el Gobierno pisa el acelerador en los recortes y, al mismo tiempo, recalcula su hoja de ruta legislativa. La idea de enviar al Congreso un ambicioso paquete de 90 reformas —anunciado por Javier Milei en la apertura de sesiones— sigue en pie, pero, por ahora, avanza a un ritmo más lento del esperado.
En los pasillos oficiales lo dicen sin vueltas: el foco inmediato está puesto en ajustar. “Se están trabajando mucho los recortes y la decisión es profundizarlos”, repiten desde Nación. La orden ya circula por las nueve carteras: revisar partidas, achicar programas y poner la lupa sobre cada gasto operativo. No hay margen para distracciones. Todo se canaliza a través del equipo que encabeza el vocero Manuel Adorni, con participación técnica de Economía y el área de Desregulación.
Ahora bien, del otro lado del mostrador aparece la otra cara del plan: la agenda legislativa. El 1 de marzo, el presidente Javier Milei había planteado un esquema claro: cada ministerio debía aportar diez paquetes de reformas estructurales para enviar, mes a mes, durante nueve meses. En total, 90 iniciativas destinadas a rediseñar el Estado. Sobre el papel, suena contundente. En la práctica, el armado viene con demoras.
Puertas adentro, reconocen que no todas las áreas avanzan al mismo ritmo. “Lo quieren hacer y están trabajando sobre eso, pero no hay tanto material”, desliza una fuente oficial. El desafío no es solo redactar proyectos, sino que lleguen al Congreso con sustento político y técnico. Nadie quiere que el anuncio quede en el aire, desacoplado de textos concretos o sin una estrategia parlamentaria viable.
El contexto, además, aprieta. Con una recaudación que pierde frente a la inflación en varios rubros, rebajas impositivas ya implementadas y gastos sensibles que no ceden, el margen de maniobra se achica. A eso se suma la presión por sostener el superávit primario, una de las banderas centrales del programa económico. En ese escenario, desde Economía y la Jefatura de Gabinete redoblan la exigencia: más recortes, más rápido.
La oposición y los gremios estatales miran con desconfianza cada movimiento. En el oficialismo descuentan que cualquier intento de avanzar sobre organismos, estructuras descentralizadas o empleo público va a generar resistencia en el Congreso. Traducido: cada proyecto que llegue a Diputados o al Senado va a tener que atravesar una negociación fina.
Fuente: TN