El presidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley al Congreso para declarar durante los próximos cuatro años «capitales alternas» a 24 ciudades con el objetivo de «profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional». La iniciativa se sumó al temario que se tratará en sesiones extraordinarias.
En el listado, al que obtuvo acceso LA NACION, aparecen La Matanza (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Tinogasta (Catamarca), Goya (Corrientes), Formosa, Chilecito (La Rioja), Bariloche (Rio Negro), Guaymallén (Mendoza), Orán (Salta) y Rosario (Santa Fe), entre otras.
La conformación del denominado «gabinete federal», una promesa de campaña del Presidente que se vio postergada por las urgencias que encontró el jefe del Estado en los primeros 45 días de gestión, consiste en la realización cada 30 días de reuniones de gabinete en distintos puntos del país. La convocatoria, según el proyecto de ley, quedará a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la coordinación y el plan de trabajo que resulte del encuentro estará liderado por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.
El artículo 6 establece, además, la federalización de la gestión nacional, a partir de la descentralización de organismos del Estado nacional e, incluso, la radicación definitiva de dependencias del gobierno nacional en el interior «con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen».
La decisión final para el traslado de algún organismo será del Presidente, quien se comprometió a visitar todas las capitales alternas en un plazo de dos años. Como adelantó LA NACION hace poco más de un mes, Fernández no viajará con todo el gabinete, sino con no más de 10 que tengan temas para tratar en esos distritos. Asimismo, también podría incluir a secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
La aprobación de la norma marcará un cambio radical para la forma en la que construye y distribuye el poder, es que será la primera vez que el jefe del Estado reúna a tantos ministros a la vez.
El Gobierno busca también con este programa reforzar el vínculo con los gobernadores. En las primeras semanas en la Casa de Gobierno, Fernández, Cafiero y De Pedro recibieron a los 24 mandatarios provinciales.
«De acuerdo con el principio fundamental del federalismo todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones. Dichas asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación», argumentó el Presidente en la iniciativa.
Y agregó: «La articulación de las funciones entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades y municipios de la Argentina debe buscar garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras. Al mismo tiempo, se debe procurar acercar el Gobierno a las realidades de las diversas jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales».
El proyecto, que en la Casa Rosada descuentan tendrán el respaldo de la oposición, se inspiró en uno que impulsó hace 20 años el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota. Al igual que ese año, la ciudad elegida en Córdoba es Río Cuarto, que se transformó en la primera ciudad en ser calificada como capital alterna.
Durante la presentación del proyecto, en septiembre último, el Presidente explicó que «crear en cada provincia una capital alterna obliga al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar ‘in situ’ los problemas». Y remató: «Una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto».La conformación del denominado «gabinete federal», una promesa de campaña del Presidente que se vio postergada por las urgencias que encontró el jefe del Estado en los primeros 45 días de gestión, consiste en la realización cada 30 días de reuniones de gabinete en distintos puntos del país. La convocatoria, según el proyecto de ley, quedará a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la coordinación y el plan de trabajo que resulte del encuentro estará liderado por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.
El artículo 6 establece, además, la federalización de la gestión nacional, a partir de la descentralización de organismos del Estado nacional e, incluso, la radicación definitiva de dependencias del gobierno nacional en el interior «con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen».
La decisión final para el traslado de algún organismo será del Presidente, quien se comprometió a visitar todas las capitales alternas en un plazo de dos años. Como adelantó LA NACION hace poco más de un mes, Fernández no viajará con todo el gabinete, sino con no más de 10 que tengan temas para tratar en esos distritos. Asimismo, también podría incluir a secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
La aprobación de la norma marcará un cambio radical para la forma en la que construye y distribuye el poder, es que será la primera vez que el jefe del Estado reúna a tantos ministros a la vez.
El Gobierno busca también con este programa reforzar el vínculo con los gobernadores. En las primeras semanas en la Casa de Gobierno, Fernández, Cafiero y De Pedro recibieron a los 24 mandatarios provinciales.
«De acuerdo con el principio fundamental del federalismo todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones. Dichas asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación», argumentó el Presidente en la iniciativa.
Y agregó: «La articulación de las funciones entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades y municipios de la Argentina debe buscar garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras. Al mismo tiempo, se debe procurar acercar el Gobierno a las realidades de las diversas jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales».
El proyecto, que en la Casa Rosada descuentan tendrán el respaldo de la oposición, se inspiró en uno que impulsó hace 20 años el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota. Al igual que ese año, la ciudad elegida en Córdoba es Río Cuarto, que se transformó en la primera ciudad en ser calificada como capital alterna.
Durante la presentación del proyecto, en septiembre último, el Presidente explicó que «crear en cada provincia una capital alterna obliga al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar ‘in situ’ los problemas». Y remató: «Una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto».
Fuente: La Nación