El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante elaborado en conjunto con la ONG Manos Entrelazadas en pos de garantizar los derechos de las mujeres sordas e hipoacúsicas que son víctimas de violencia de género.
En relación a esta iniciativa legislativa, el presidente del bloque oficialista, Santiago Maidana, señaló que: “Este proyecto fue una propuesta de la ONG Manos Entrelazadas que, desde el bloque y junto con la Secretaría de Desarrollo Social, decidimos analizar y profundizar conjuntamente con Encarnación Quiroga. Así fue como observamos que en el territorio bonaerense no hay protocolos activos que incluyan la atención de mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas de violencia de género”.
En tal sentido, esta resolución se dirige al Instituto Nacional de la Mujer a fin de solicitar el diseño de políticas públicas y su implementación real en todo el territorio nacional con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas de violencia de género. Además, se enviará copia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, requerimos que se tengan en cuenta para concretar esta propuesta la adaptación de aplicaciones web y redes sociales para el asesoramiento y atención de la emergencia mediante el uso de videollamadas; una comunicación inclusiva a través de campañas de sensibilización y acceso a la información con subtítulo y recuadro de intérprete de LSA, teniendo en cuenta la inclusión de personas sordas en la planificación de la misma; y un protocolo de atención y contención de las víctimas sordas e hipoacúsicas en base a un trabajo en red con organismos especializados que faciliten la comunicación entre la víctima y los actores para que en la emergencia y atención puedan asistir.
“Las mujeres sordas e hipoacúsicas permanecen invisibilizadas, lo cual conlleva a que deban enfrentarse a todo tipo de restricciones, como resultado de estereotipos y prejuicios que socavan su participación en el ámbito social en el que viven y provocan su aislamiento. Esto obstaculiza el acceso a la información y a los servicios de asistencia y justicia, incumpliéndose lo normado por la Ley Nº 26.485”, finalizó el edil.