Lo que comenzó como un simple tuit promocionando la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei terminó convirtiéndose en un escándalo político y judicial. Mientras el Gobierno intenta minimizar el impacto, la oposición busca capitalizar la polémica con pedidos de juicio político y exigencias de investigaciones en el Congreso. Sin embargo, el punto más crítico es el perjuicio económico sufrido por miles de inversores, lo que ya generó más de un centenar de denuncias en la Justicia Federal.
Según confirmaron fuentes judiciales, hasta el momento se registraron 112 denuncias penales contra el mandatario por su publicación en redes sociales y su posterior retractación. De ellas, 111 fueron presentadas digitalmente en distintos juzgados y comenzarán a activarse en las próximas horas. Sin embargo, una denuncia presencial ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue presentada por Miguel Ángel Heredia en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, con la Secretaría N°13 de Martín Smietniansky.
La Justicia deberá determinar si Milei incurrió en un delito al promocionar el token $LIBRA, cuyo valor se disparó momentáneamente tras su publicación para luego desplomarse abruptamente. En su cuenta oficial de la red social X, el presidente mantuvo el mensaje por varias horas antes de eliminarlo y publicar otro en el que se desligaba del asunto. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna», escribió Milei. También arremetió contra la oposición, a quienes llamó «ratas inmundas de la casta política» por aprovechar la situación con fines políticos.
A nivel legal, el debate sigue abierto. Para el abogado Jorge Grispo, una publicación en redes sociales no constituye por sí misma un delito. Explicó que «la libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos» y que “bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno». En la misma línea, el jurista Miguel Nathan Licht aseguró que promocionar un proyecto comercial, aunque volátil, no es ilegal a menos que haya un engaño deliberado. En contraposición, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales pueden ser un medio para cometer delitos y que el derecho penal argentino no excluye la posibilidad de que un mensaje en redes constituya un acto punible.
Entre las denuncias presentadas, una fue impulsada por Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, por presunta estafa, manipulación de precios y delitos financieros. A su vez, un grupo de abogados y economistas denunció que «Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA», afectando a más de 40 mil personas con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares. Otro abogado, Gregorio Dalbón, extendió la acusación no solo contra Milei, sino también contra su hermana Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, y empresarios vinculados al proyecto.
Mientras la polémica sigue creciendo, la Justicia deberá evaluar si la publicación del presidente fue un simple error de comunicación o si efectivamente se encuadra en un delito. La oposición, por su parte, insiste en que este episodio amerita una investigación profunda y podría derivar en graves consecuencias políticas para el Gobierno.
Fuente: Infobae