La fiscalía menciona los casos de profesores y profesoras de Economía y Humanidades secuestrados entre junio y noviembre de 1976
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó la investigación de secuestros y tormentos de los que fueron víctimas docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS), hechos que enmarcó en un plan de persecución política que contó con la acción coordinada del fuero federal, del multimedio encabezado por el diario La Nueva Provincia y por las fuerzas armadas y de seguridad. De acuerdo con el requerimiento de instrucción, ese plan fue instrumentado bajo la sustanciación de dos causas judiciales, una dirigida contra los docentes del área de Economía y la otra contra los de Humanidades de la casa de altos estudios.
Las 30 víctimas cuyos casos forman parte del objeto de esta presentación fueron secuestradas a través de operativos ejecutados entre junio y noviembre de 1976. Por entonces, eran docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología de la UNS, integrantes del gabinete de psicopedagogía social de las Escuelas Medias de la misma institución, profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, y estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Algunas de las víctimas debieron exiliarse.
“Las víctimas fueron secuestradas por personal de la Policía Federal Argentina, transitaron un primer período de cautiverio y violentos interrogatorios en la delegación de esa fuerza de la ciudad de Bahía Blanca, para ser luego trasladadas a la Unidad Penitenciaria n° 4 de Villa Floresta. En algunos de los casos, el prolongado cautiverio continuó en otras unidades carcelarias del país”, describió la Unidad Fiscal en su presentación, donde a su vez puso énfasis en los padecimientos relatados por las víctimas, que incluyeron lo que describieron como “muerte civil”, caracterizada por el exilio para los que se fueron del país y el insilio para quienes se quedaron luego de haber recuperado la libertad.
Los imputados por la fiscalía por estos hechos son el exdueño de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, el exsecretario del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; los militares Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Antonio Miguel Seghighi, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y Alejandro Lawless; y el exdirector penitenciario Héctor Luis Selaya, respecto a quienes se solicitó se los cite a prestar declaración indagatoria.
En la presentación, firmada por el titular de la Unidad, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, se destaca que la UNS fue un objetivo –específicamente los Departamentos Humanidades y Economía– a través de un plan de persecución que tuvo comienzo con anterioridad al golpe de Estado de 1976, con la gestión del rector interventor Remus Tetu, la introducción en el ámbito de un grupo paraestatal, el cesanteo masivo de personal docente y no docente, y el asesinato de estudiantes incluso en las instalaciones universitarias, como fue el caso de David Hover Cilleruelo.
La fiscalía indicó que, tras el golpe de Estado, el plan fue intensificado a través de un despliegue conjunto y coordinado de la justicia federal, el diario La Nueva Provincia y las fuerzas represivas, a partir del señalamiento de las víctimas como enemigos calificados como “subversivos ideológicos”, a quienes debía aniquilarse como parte de la guerra cultural que se pregonaba desde las páginas del medio periodístico, en el marco de la fase de acción psicológica de la empresa criminal.
Respecto de la imputación a la empresa periodística La Nueva Provincia, la fiscalía a cargo del Dr. Palazzani destaca que “tan sólo en los años 1976 y 1977, existieron 237 ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se abordó la “lucha contra la subversión”, de las cuales en 177 ediciones se vinculó (textualmente) a la “subversión” con los verbos eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar y erradicar, y con un “estado de guerra”.
“Las mismas estadísticas demuestran que el abocamiento por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado al ejercicio de la violencia contra los docentes de la Universidad Nacional del Sur fue claramente central y directo: de aquel total de 237 ediciones referidas al tema subversivo, más de 80 editoriales se dedicaron específicamente al ámbito de los ‘ideólogos subversivos’ en las universidades, como blanco necesario y prioritario de la lucha contra la subversión, convocando a su aniquilamiento con los mismos métodos utilizados contra la guerrilla armada . Es decir que la persecución sobre el colectivo de las víctimas de este requerimiento, representó más de un tercio del discurso de incitación al genocidio”, señaló la Unidad Fiscal.
El dictamen indicó que la profundidad de la persecución fue de tal magnitud que, en su edición del 29 de agosto de 1977, el diario expresó que “las nuevas formas de agresión marxista […] embozadamente y por infiltración en distintos niveles de la sociedad […] ya se dan en los jardines de infantes, donde se comienza de manera disimulada a trabajar en la cabeza de los niños”. Esa afirmación fue parte del editorial titulado “El País en la Encrucijada. Decisiones Vitales que no Deben Seguir Postergándose”.
La presentación exhibe la actuación sincronizada entre los editoriales y publicaciones centrales -con tapas con títulos catástrofe y páginas principales-, el avance de las causas judiciales montadas por el juzgado federal y la actuación de las fuerzas represivas, afirma el informe de la fiscalía.
Fuente: fiscales.gob.ar