El Gobierno nacional dio un paso fuerte en su agenda de desregulación y envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, la norma que desde 2021 obliga a colocar sellos negros de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. La iniciativa ingresó al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La propuesta apunta a eliminar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, que había sido sancionada con el objetivo de garantizar información clara para los consumidores. Desde su implementación, los envases comenzaron a mostrar los ya conocidos octógonos negros con advertencias como “exceso en azúcares”, “exceso en sodio” o “exceso en grasas saturadas”.
Según los fundamentos oficiales, el sistema vigente presentó “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que, para el Poder Ejecutivo, justifican avanzar con su derogación. En criollo: el Gobierno considera que el esquema actual es demasiado rígido, costoso y poco compatible con otros marcos normativos internacionales.
La Casa Rosada pidió el “pronto tratamiento y sanción” del proyecto, con la idea de reemplazar el modelo actual por otro que define como “más consistente, uniforme y adaptable”. En esa línea, el oficialismo sostiene que la normativa vigente genera cargas adicionales para las empresas y dificultades operativas, especialmente para pequeñas y medianas industrias alimenticias.
Del otro lado, organizaciones de consumidores, profesionales de la nutrición y sectores vinculados a la salud pública salieron a advertir por el impacto que podría tener la medida. Para estos espacios, la norma representó una herramienta concreta para mejorar la información disponible al momento de comprar y para promover hábitos de alimentación más saludables.
El debate, como era de esperar, no se reduce a una etiqueta. Para el Gobierno y parte del sector empresario, el punto central está en bajar regulaciones, reducir costos y armonizar criterios con otros mercados. Para los defensores de la ley, en cambio, quitar los octógonos significaría retroceder en una política pública que buscaba poner en primer plano el derecho de los consumidores a saber qué están consumiendo.
Además, entidades médicas y especialistas remarcan que Argentina convive con niveles preocupantes de sobrepeso, obesidad infantil y enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación, como diabetes e hipertensión. Por eso, advierten que cualquier cambio debería discutirse con evidencia sanitaria sobre la mesa y no solo desde la lógica económica.
Fuente: DIB