El expresidente quedó en la mira tras la denuncia que formuló la actual titular de la central de inteligencia, Cristina Caamaño, por el seguimiento sin autorización judicial de los mails de casi 100 políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas e intelectuales. Di Lello también imputó a Gustavo Arribas.
El fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal perpetradas desde el corazón de la AFI macrista.
La denuncia había sido presentada de manera digital el pasado martes por parte de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de Cristina Caamaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi cien personas sin que mediara ninguna orden judicial. El titular de la Fiscalía Federal 1 decidió requerir al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y otros ex y actuales integrantes de la central de inteligencia.
Los seguimientos detectados comenzaron en el mes de junio de 2016, a los pocos meses de la asunción de Macri. Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Desde Laura Alonso, hasta Mario Negri, Luís Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer y Ernesto Sanz.
La decisión de Di Lello terminó de tomar forma luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI –que llegaron este miércoles a su despacho del quinto piso de Comodoro Py en forma física– en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia.
Se trata de documentación y, sobre todo, el disco rígido marca Western Digital, donde la intervención –según dijo, en una revisión de rutina– halló las pinchaduras. Si bien parte del material había sido borrado, la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que el contenido pudo ser recuperado.
En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria del expresidente por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.
Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de ochenta correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado. Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.