Cuatro días después del anuncio oficial, el presidente Javier Milei firmó el lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. La medida se publicó en la madrugada del martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 179/2025.
Se trata de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y no de un Stand By Agreement (SBA), que incluye un desembolso -del cual el Gobierno no precisó el monto- para el pago de capital e intereses de la deuda externa y la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.
La firma del decreto, anunciada el jueves pasado por el Gobierno a través de un comunicado, busca conseguir “de modo urgente” el respaldo parlamentario para viabilizar los desembolsos por parte del organismo internacional de crédito, en momentos de escasez de dólares y con el objetivo primordial de terminar de derrotar la inflación y salir del cepo cambiario.
Los argumentos oficiales, criticados por la oposición y buena parte de los economistas, se centran en que el nuevo acuerdo no implicará un aumento en la deuda argentina, dado que -según argumentan fuentes oficiales- se cambia “deuda vieja por deuda nueva”, y a la vez se fortalece al Banco Central.
Tras la publicación del DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene diez días hábiles para remitir el instrumento al Congreso. Y luego la comisión bicameral de Trámite Legislativo contará con otros diez días para discutirlo y darle un dictamen. En ese caso, el texto pasará al recinto de la Cámara de Diputados.
El propio Milei había anunciado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días” le pediría al Congreso “que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.
No fue, como había trascendido, a través de un proyecto de ley, que hubiera implicado el apoyo de ambas cámaras. Por tratarse de un DNU, alcanzará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que quede vigente.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo se encargará de revisar el DNU, y está presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto. A partir de la firma, el Gobierno tiene diez días para remitirlo al Congreso y la comisión otros tantos para tratarlo. En caso de que no haya dictamen cumplido ese plazo, quedaría abierto el debate en los recintos de Diputados y el Senado.
Fuente: La Nación