El Dr. Santiago Ulpiano Martínez, fiscal internamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, solicitó la elevación a juicio de la causa que se le sigue a Juan Ignacio Suris y a otros, por el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de la usina de facturas truchas a través de testaferros que compraban autos y otros bienes.
Asimismo, Martínez pidió que se disponga el sobreseimiento definitivo de la mujer de Suris, Paula Valeria Wagner, y que se forme expediente por separado para investigar la posible comisión de delitos en la que podría haber incurrido el empresario Juan Pipkin.
El expediente, que tramitó por la Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1, tiene como acusados además de Suris -en calidad de jefe/organizador- a Nicolás Ibarra Gutiérrez, Fabio Héctor Crucianelli y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Domingo Tomás Goenaga y Rogelio Chanquía, estos últimos como partícipes necesarios.
El fiscal Martínez consideró que Suris es “penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza” y, respecto de Goenaga y Chanquía, “también por haber actuado en ejercicio de su profesión”.
Tal como lo informó la sección Bahía Indiscreta, Suris -de actuales 47 años- se encuentra aislado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza a pedido de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Doce años de investigación
De acuerdo con lo que LA BRÚJULA 24 informó en julio de 2023, la investigación se inició en 2012 a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Según el caso de la fiscalía federal, la organización que encabezaba Suris inyectaba en el mercado formal el dinero obtenido de las diferentes actividades ilícitas relacionadas tanto a la venta de estupefacientes como a la generación de facturas apócrifas emitidas desde diferentes sociedades anónimas.
En este marco, la fiscalía consideró acreditado que cada uno de los miembros de la banda fue una pieza fundamental para el beneficio de la organización, lo que configuraba una estructura con fines delictivos, que se reflejaba a través de la contribución que hacía cada uno para la constitución de sociedades, que funcionaban como usinas de facturación apócrifa.
La fiscalía señaló también que los réditos económicos alcanzados por Suris habrían oscilado entre $2.219.181,82 y $4.438.363,83; y que había registrado un incremento patrimonial que no pudo justificar, lo que evidenciaba un despropósito entre ingresos, riqueza y consumo.
Fuente: La Brújula 24