Después del rechazo de los vetos en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei decidió promulgar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, aunque advirtió que no las pondrá en marcha por falta de recursos presupuestarios. En la Casa Rosada explican que ambas normas «quedarán en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata», en una estrategia similar a la que aplicaron con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Ejecutivo asegura que la decisión busca mantener coherencia fiscal y evitar un precedente legal que complique futuras decisiones. «Si actuamos de una forma distinta, se genera un problema legal que también nos juega en contra en la posición que tomamos por Discapacidad», señalaron fuentes oficiales. La estrategia jurídica está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y un equipo de abogados que analiza los pasos formales para dilatar la implementación.
Uno de los puntos que más preocupa a la mesa técnica de Balcarce 50 es el impacto presupuestario del financiamiento universitario. De acuerdo con un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos implicaría un gasto adicional de $1,96 billones (equivalente al 0,23% del PBI) en lo que resta del año. El documento contempla una actualización del 32% en gastos de funcionamiento, un incremento del 40% en salarios y mejoras en el sistema de becas.
La ley de Emergencia Pediátrica, en tanto, representa un costo de $133.433 millones, que incluye $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial. Si bien el Gobierno reconoce que su impacto fiscal es menor, decidió no aplicarla para no contradecir su postura frente al rechazo del aumento de fondos universitarios.
En ese contexto, el Ejecutivo planea postergar la firma de promulgación hasta el límite legal de diez días hábiles tras la notificación del Congreso. Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una inversión de $30.000 millones para obras en el Hospital Garrahan, como gesto político que busca compensar el costo de no ejecutar la ley.
Desde la Casa Rosada sostienen que la suspensión se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que autorice gastos no previstos en el Presupuesto debe especificar su fuente de financiamiento. La decisión, explican, apunta a evitar judicializar el conflicto y permitir que cualquier presentación ante la Justicia sea por vía particular, lo que dispersaría los reclamos y dilataría una definición unificada.
La estrategia final es clara: ganar tiempo hasta la discusión del Presupuesto 2026, donde el Gobierno buscará incorporar –bajo sus propios términos– las partidas que hoy están en suspenso. Hasta entonces, las leyes seguirán en una especie de limbo administrativo, promulgadas pero sin ejecución, mientras Milei intenta equilibrar las presiones políticas con su promesa de «déficit cero».
Fuente: TN