El Senado tratará el miércoles próximo el proyecto de ley Bases, que incluye cambios de fondo en materia laboral, cuestionados por los gremios pero defendidos por el sector empresarial. Parte de las reformas propuestas estaban ya incluidas en el capítulo laboral del DNU N° 70/24, sancionado apenas asumido el nuevo gobierno. Su aplicación, sin embargo, fue suspendida por el Poder Judicial por ser considerada inconstitucional.
La reforma que actualmente se debate resulta menos abarcativa, pero ello no significa que sea una reforma superficial o poco relevante, según expertos. De acuerdo con un informe del centro de estudios CIFRA, de la CTA, las modificaciones incluidas “afectan sobre todo derechos individuales de los trabajadores/as, aunque avanzan también en forma directa sobre algunos derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas”.
En especial apunta a la figura de “trabajadores independientes con colaboradores”, a cuya creación se suman algunos cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas como tales. En este mismo sentido podría interpretarse la derogación del estatuto del viajante de comercio, que se introduce en el proyecto sin justificación, señalaron desde CIFRA.
Se incluye, además, un nuevo blanqueo laboral que también puede desincentivar la registración al generar la expectativa de nuevas condonaciones de deuda a futuro. Para los asalariados formales implica precarizar su situación de diversas formas, advirtió CIFRA.
Por otro lado, es motivo de debate la extensión del período de prueba –durante el cual se puede despedir sin indemnización- y la ampliación del alcance de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada. La entidad consideró que “se afecta el carácter de permanente de los puestos de la planta de la administración pública, al simplificarse los mecanismos para su puesta en situación de disponibilidad y posterior despido”.
Visto desde el punto de vista de la parte empleadora, esta ley de algún modo recorta costos laborales (en algunos por la mayor permisividad hacia la no registración y el fraude laboral). Pero ello no está asegurado y bien podría suceder lo contrario, tanto, por ejemplo, en relación con los fondos de cese laboral como con la promoción de formas contractuales cuya oscura y contradictoria definición pueden derivar en juicios laborales futuros, señaló CIFRA.
Fuente: El Día