Abogadas de la querella del ARA San Juan no convalidaron la resolución del Consejo de Guerra contra oficiales de la Armada.
Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las querellas en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, minimizaron la resolución del Consejo General de Guerra contra algunos oficiales de la Armada y remarcaron la necesidad de avanzar en la Justicia federal de las responsabilidades de los militares y civiles.
“Desde la querella mayoritaria expresamos nuestra inexistente expectativa respecto de lo que pudiera resolver el Consejo de Guerra”, coincidieron las letradas anta la consulta de Ámbito.
“Públicamente desestimamos el instituto del Consejo de Guerra. Desde que volvió la democracia estos señores deben ser juzgados por la Justicia civil, en este caso la federal”, insistieron.
Carreras dijo que “no convalidaba” el Consejo de Guerra en democracia. “No para este hecho, no a puertas cerradas. Nada de lo que hicieran sería trascendente para la causa (del fuero federal). No esperaba nada de ellos. Se ejerció la presión suficiente para que hagan esta vergüenza. Y algo más: siguen protegiendo a (Oscar) Aguad y (Mauricio) Macri”.
El expresidente Macri y el exministro de Defensa Aguad fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado del hundimiento del submarino. El motivo fueron los dichos del procesado contraalmirante Enrique López Mazzeo ante la Justicia, quien reveló que el gobierno de Cambiemos sabía la ubicación del submarino y se lo ocultó a los familiares y a la opinión pública.
En este marco, la réplica de las abogadas llegó después que el Consejo de Guerra destituyó al jefe de la base de submarinos de Mar del Plata, capitán Claudio Villamide, y aplicó duras sanciones a otros por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes en 2017.
El tribunal aplicó arrestos de 45 días al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y al ex jefe de la base de Puerto Belgrano, Luis López Mazzeo, entre otros. En tanto, al capitán de fragata Miguel Angel Correa le aplicó un arresto de 30 días. Se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente de la Armada Argentina.
Sin embargo, para las defensoras de los familiares de las víctimas no fue suficiente. “No sorprende que hayan sido tan livianos en su dictamen porque si las defensas (de los oficiales) se centraron en culpar al comandante y la tripulación, y si el jurado fue presionado desde comunicados del Círculo Naval hasta la tapa del diario de mayor circulación, el resultado era justamente, el que se dio: nada”, expresaron.
“Como comentario legal puedo asegurar que ha logrado más esta querella mayoritaria que todo el secretismo de ese Consejo de Guerra”, dijo la abogada Valeria Carreras. “Lo peor es que se vuelve a lastimar a los familiares, una y otra vez”, agregó.
Fuente: diario Ámbito