Por Cristina Rubio
¿Por qué el Gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario?
No estamos frente a una simple discusión presupuestaria. Existe una ley aprobada por el Congreso, un veto presidencial rechazado y decisiones judiciales que ordenan su cumplimiento.
La norma es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Gobierno la “vetó”, pero el Congreso insistió en su sanción con las mayorías constitucionalmente exigidas.
Posteriormente, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual “suspendió” su aplicación, argumentando que no estaban identificadas las fuentes de financiamiento.
El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa suspensión y ordenó aplicar inmediatamente la ley
¿Por qué es tan importante?
Porque el artículo 83 de la Constitución Nacional establece el procedimiento para insistir en una ley vetada. Una vez que el Congreso reúne las mayorías necesarias, el Ejecutivo no dispone de un segundo veto.
El juez consideró que el Gobierno había creado, mediante un decreto, una especie de veto adicional que nuestra Constitución «no contempla».
¿Qué argumentos utiliza el Gobierno para no transferir los recursos?
El principal argumento es fiscal: sostiene que la ley exige gastos sin establecer adecuadamente cómo financiarlos y que su ejecución comprometería la programación presupuestaria.
Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, el juez rechazó que esa argumentación permitiera suspender una ley ratificada por el Congreso.
Además, hay un antecedente que agrava el conflicto: el 22 de septiembre, el mismo magistrado intimó al Estado nacional a cumplir en cinco días una medida cautelar sobre salarios y becas, con advertencia de multas diarias por demora.
El Gobierno anunció que “apelará” la sentencia.
¿Puede Pettovello denunciar a los estudiantes?
Sí. Pero eso no significa que pueda imponer un castigo por el solo hecho de manifestarse. Nuestra Constitución establece:
Artículo 14: protege, entre otros derechos, el de peticionar a las autoridades.
Artículo 18: garantiza el debido proceso y la defensa en juicio.
Artículo 75, inciso 19: reconoce la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Por un lado, el Gobierno invoca el respeto a la legalidad para cuestionar la actuación de los estudiantes.
Por otro, enfrenta decisiones judiciales que le exigen ejecutar una ley sancionada por el Congreso.
Son situaciones jurídicamente diferentes, pero ambas deben examinarse con el mismo principio: nadie está por encima de la ley, ni los ciudadanos ni quienes ejercen el poder.