La Dra. Belén Ferro Moreno dijo que ya se distribuye misoprostol en las unidades sanitarias pero que aún resta adquirir el equipamiento y la formación de equipos para las intervenciones.
Este pasado jueves el presidente Alberto Fernández promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se prevé que comience a regir a más tardar el próximo 23 de enero.
Belén Ferro Moreno, medica de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Bahía Blanca, celebró lo ocurrido en la jornada de ayer. Lo calificó como un «hecho histórico».
“Esto se traduce en un Estado a la altura de la circunstancia, en una sociedad que asume que el aborto es un hecho que sucede de todas maneras, con o sin ley, y que es un problema de salud pública”, expresó.
Hasta el momento, explicó la facultativa, sigue existiendo la interrupción legal del embarazo por tres causales: riesgo de vida, riesgo para la salud o producto de violencia sexual. “Lo único que cambia es el motivo por el cual la persona puede acceder a este derecho hasta la semana 14”.
Respecto a cómo se va a instrumentar en Bahía Blanca, Ferro Moreno indicó que en el sistema de atención primaria (unidades sanitarias y consultorios médicos) “se garantiza por la medicación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación que otorgan misoprostol de laboratorios públicos».
“La respuesta hasta la semana 14 está. Lo único que se necesita es un equipo de salud sensibilizado para abordar esta situación”, agregó.
En cuanto a la intervención en el segundo trimestre “se necesitaría el equipamiento, que tampoco es tan complejo, y la formación de los equipos médicos”.
Ferro Moreno luego se refirió a la objeción de conciencia y dijo que “hay mucha falta de conocimiento en rol legal del mismo”.
“El médico no realiza en sí la practica ni el procedimiento instrumental o no entrega la medicación, pero tiene que atender de la misma manera, brindar el mismo respeto, no generar dilaciones en la atención, y hacer una derivación oportuna. Si la persona tiene riesgo de vida ya la objeción de conciencia no corre”, enfatizó.
En tal sentido afirmó que será necesario que cada municipio sepa “con quién se cuenta y con quien no”.
Por último, planteó que la red de Profesionales que integra está compuesta por diversidad de disciplinas. “De las 56 unidades sanitarias que estaban operativas previa a la pandemia solamente están funcionando en 12”.
“Habrá un trabajo a importante a realizar donde la Secretaría de Salud va a tener que garantizar este derecho en todas las unidades sanitarias y que las personas no tengan que caminar de más por encontrase con objetores de conciencia”, concluyó.
Fuente: Frente a Cano