«Consideramos que dicho decreto conlleva un impacto negativo muy grande sobre las fuentes de ingreso de muchas familias y, la insolencia del mismo, atenta contra el bienestar de los trabajadores estatales afectados laboral y monetariamente.
El trabajo de las personas no es una variable con la cual se pueda especular o recortar sin impacto alguno, ni medidas paliativas o de reestructuración que afronten dicho decreto, y tomar una medida que atente contra los trabajadores de esa manera no solo genera malestar sino que debilita la institucionalidad del Estado.» dijo Aristimuño .