La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una nueva marcha para mañana miércoles en todo el país, y en Buenos Aires se movilizarán hacia el Congreso. La convocatoria se da en medio de una semana clave para el Gobierno nacional, donde el Congreso tratará los proyectos de reformas laborales y sindicales.
El secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que en medio de la crisis, y por la conflictividad que genera el Gobierno nacional, podría haber un estallido social antes de fin de año.
«La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. En el segundo semestre los niveles de conflictividad van a aumentar, la desocupación va a volver a convertirse en un drama social en la Argentina y camino a la navidad, la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre», expresó Aguiar.
Uno de los principales motivos de la convocatoria es para la junta de firmas por la anulación del DNU 70/23 -Ley Bases-. «Tenemos que lograr que se anule el DNU y sea declarado inconstitucional porque impacta de manera negativa en todos los aspectos de nuestras vidas», apuntó el dirigente.
En ese orden, apuntó contra las políticas de ajuste y recortes del personal en el sector público promovidos por el Gobierno nacional: «en el sector público despiden, cierran organismos y destruyen nuestros ingresos. Los estatales hemos perdido desde el mes de enero más de 21 puntos en relación a la evolución de los precios».
Todos los reclamos de ATE
Denunciar la criminalización de la protesta social y exigir la liberación de los detenidos por luchar.
Repudiar todos los proyectos de reformas penales y laborales tratados en el Congreso.
Lanzar una segunda instancia de resistencia multisectorial.
Fortalecer la agenda de las Mujeres.
Aumentos salariales por encima de la inflación.
Cese de las políticas de ajuste y desguace del Estado.
Garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público.
Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023.
Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.