En caso de que se aprueben en el Senado las modificaciones a la norma que busca el Gobierno, se reduciría el alcance del subsidio, de manera que este se focalizará únicamente en regiones con clima severo y en ciertos hogares vulnerables. El objetivo es reducir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.
Según pudo saber Infobae, la norma vigente —que rige hasta 2031— genera actualmente un déficit de $485.000 millones. El régimen demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según la versión oficial, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados. Entonces, en caso de ser aprobada, la nueva norma modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del esquema preferencial habilitado por la ampliación de 2021.
La propuesta oficial, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene la bonificación plena solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), es decir, ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad. Para la mayoría de los usuarios de la zona ampliada que no califiquen bajo estos requisitos, el beneficio será eliminado y recibirán la factura plena.
El cálculo de la bonificación también se modifica. En caso de sancionarse, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.
La revisión excluye en concreto a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial, una redefinición que —según IERAL— impacta principalmente en los hogares considerados de mayores ingresos en las regiones sumadas durante 2021. Para los usuarios de la zona fría histórica, en cambio, el subsidio persistirá, pero sobre una base menor, lo que igualmente implica un aumento, aunque más contenido que para el resto.
Impacto tarifario
El informe modeló el efecto de la reforma con ejemplos de usuarios residenciales de categoría R2-2. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100 por ciento. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22 por ciento. En la zona fría histórica, representada por ciudades como Neuquén, los aumentos anticipados serían del 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, las tarifas se mantendrán sin cambios.
Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:
– Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): mantendrán una bonificación parcial, menor a la actual, ya que solo se aplicará sobre el PIST.
– Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.
– Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio, pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.
– Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.
Reducción del gasto público y protección social focalizada
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar tarifariamente a quienes habitan en regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. La ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo cual representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. El Gobierno actual, en su mensaje enviado al Congreso, juzgó que tal expansión abarcó zonas sin condiciones climáticas extremas, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como casos ejemplares, y calificó el esquema como “fiscalmente insostenible”.
El proyecto en tratamiento persigue dos ejes: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen mejor los costos reales del sistema energético. Según el informe de IERAL, “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios”, por lo cual se recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables. El estudio destaca la necesidad de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.
Fuente: Infobae