La situación tiene su punto de origen en la resolución 267/2024, dictada por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación en el mes de septiembre y fogoneada especialmente por el ministro de Economía, Luis Caputo. Estorbado por leyes que blindan a los municipios y amparos judiciales favorables a intendentes, el gobierno libertario giró su estrategia y decidió presionar a las distribuidoras.
Peligra un fondo clave para las cooperativas ¿ Qué pasará con el servicio de luz en pueblos bonaereses?
El centro de las preocupaciones tanto para las cooperativas, autoridades de la provincia de Buenos Aires y los intendentes del interior es la posible eliminación del «Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias».
Creado en la década del 90′ a través de la Ley 11769 (Art. 45) «tiene el propósito de compensar las diferencias de costos propios de distribución reconocidos entre los distintos concesionarios provinciales y municipales» y posibilita que usuarios de características similares de consumo en cuanto a uso y modalidad, «abonen por el suministro iguales cantidades de energía eléctrica e importes equivalentes independientemente de las particularidades de su ubicación geográfica o forma de prestación».
«Es como una canasta en la que todos ponen para que los usuarios de lugares alejados, pueblos rurales estaciones y campos puedan pagar el mismo costo de la electricidad en los centros urbanos» resumió una fuente del sector ante la consulta de INFOCIELO.
Desde la subsecretaría de Energía bonaerense, dentro del ministerio de Infraestructura, reforzaron la idea con un comunicado. En ese marco, afirmaron queel Fondo «resulta de vital importancia para la estabilidad del sistema eléctrico provincial en tanto que asegura la prestación uniforme de los servicios públicos en cuanto a la continuidad, calidad y precio. Preserva la equidad e igualdad entre todos los prestadores y contribuye a alcanzar un régimen tarifario y de prestación de servicios único» resaltaron.
Reuniones entre cooperativas y la provincia y el análisis legal de las intimaciones del Gobierno
Según reconocieron fuentes del sector a INFOCIELO, el último martes dirigentes cooperativos y autoridades bonaerenses mantuvieron una reunión por zoom en las que analizaron las dificultades de la avanzada nacional y evaluaron posibles acciones.
Al mismo tiempo, los abogados de las diferentes federaciones y cooperativas trabajan en una estrategia legal similar para contestar las intimaciones del gobierno de Javier Milei.
En cualquier caso, se sabe que de considerarse un «fondo externo» debería ser quitado de las boletas y dispararía las asimetrías en el costo del servicio o directamente haría inviable las prestaciones en lugares alejados o escasamente poblados. «Imaginate una cooperativa que tienen que tirar miles de metros de cable para 50 personas. Le tendría que trasladar el costo a los usuarios en las facturas» mencionó a este portal un dirigente cooperativo.
«La lógica libertaria es que cada uno pague por lo que cuesta pero de ese modo los pueblitos más chicos se quedarían sin energía literalmente. Todas las cooperativas ponen a ese fondo común y de ahí se redistribuye de acuerdo a unos parámetros muy técnicos pero que tienen que ver con darle equidad al sistema» completó.
Según estima el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si el fondo compensador no existiera, «más de 100 localidades de la Provincia de Buenos Aires perderían su capacidad para sostener el servicio eléctrico».
Los «conceptos ajenos» también en la mira del Gobierno Nacional
Además de avanzar sobre la quita de la factura de los conceptos propios del servicio eléctrico, el gobierno nacional intenta quitar los conceptos ajenos.
Cómo ya explicó Infocielo, el marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la Ley 11.769, prevé en su artículo Nº78 la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación del servicio eléctrico.
La factura, como documento, configura un instrumento para otorgar operatividad al derecho de los usuarios, y les provee directamente información adecuada y veraz no solamente sobre su modalidad de consumo, sino también sobre sus derechos y obligaciones relacionados con el servicio público de electricidad.
Desde el OCEBA bonaerense, ya han explicaron que el artículo en cuestión permite incluir conceptos ajenos en la facturación pero con lineamientos bien concretos: una vez que el cargo haya sido votado por la asamblea de una cooperativa- por ejemplo un fondo para ayuda a Bomberos- “dicha incorporación debe estar debidamente autorizada por el OCEBA , detallada en la factura y permitir su pago por separado, caso contrario el distribuidor puede ser sancionado por el organismo, y deberá refacturar correctamente los conceptos erróneamente incluidos”.
La decisión del gobierno nacional pone en tensión al marco regulatorio provincial y genera complicaciones inesperadas a las cooperativas, muchas de las cuales ya se encuentran en una grave situación por no poder afrontar sus deudas con las Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) o para realizar inversiones que garanticen una mejor calidad del servicio.
Ante ese escenario y un verano que anticipa cortes ante las altas temperaturas y el aumento del consumo, lo que pase con el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifaria será decisivo.
Fuente: Infocielo